Por Magdalena Flores.21 de Septiembre. Tomado de Contra Punto.
La Ley de Proscripción de Pandillas ya entró en vigencia, pero las críticas no cesan. El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos dice que la normativa no es suficiente para detener el fenómeno pandilleril.
SAN SALVADOR – La Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal ya entró en vigor, y son muchas las expectativas que ha generado en la población para solucionar la problemática delincuencial y criminal que agobia el país.
Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, sostuvo que la legislación no causará mayor impacto si no es acompañada de otras políticas públicas, y si la policía y la fiscalía no perfeccionan los mecanismos de investigación.
La Ley de Proscripción de Pandillas y otros grupos ilícitos fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre con 78 votos. La normativa nació de una propuesta del Ejecutivo después de que, el pasado 20 de junio, 17 personas murieran calcinadas al interior de una unidad del transporte colectivo, en Mejicanos, cuando presuntos pandilleros de la padilla 18 la incendiaron con todo y pasajeros adentro.
“No se le deben de dar a la población falsas expectativas de que esta Ley por sí sola va a resolver los problemas de las pandillas, porque lamentablemente pareciera ser y la población así lo espera”, destacó este lunes Óscar Luna, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
De acuerdo al Procurador, para que dicha Ley dé resultados positivos debe de ir acompañada de una serie de acciones y política públicas, porque de lo contrario será una ley más que no solucionará nada.
Para Luna en este país es necesario generar condiciones favorables de vida, acceso a la salud, educación, de igualdad y oportunidades de trabajo, porque si no se generan dichos derechos, muchas leyes pueden existir pero no solucionarán la delincuencia y criminalidad.
“Se ha estado invirtiendo en este país millones y millones en procesos de reformas que no están dando resultados, entonces por eso siempre he creído que mientras no se haga un diagnóstico y un estudio integral difícilmente podremos resolver el problema en su integridad”, detalló Luna.
En el mismo sentido se pronunció Jannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y miembro de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil.
“Creo que (la ley) es una expresión de la prevalencia, en este gobierno, del enfoque demagógico y de populismo punitivo que estaba presente en los gobiernos anteriores para enfrentar el tema de la criminalidad”, dijo Aguilar a ContraPunto, refiriéndose a las leyes de mano dura impulsadas por los pasados gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Agregó que la respuesta gubernamental al fenómeno pandilleril va a ser infectiva porque no va al fondo del problema, está más bien respondiendo a las demandas ciudadanas de mayor criminalización, pero no resuelve el problema.
También algunos jueces y conocedores de la ley coincidieron con que la Ley de Proscripción no será la medicina que solventará este mal endémico que cada día carcome a la sociedad salvadoreña.
En una reciente entrevista dada a ContraPunto el coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Nelson Flores, señaló que “la ley por sí sola no va a prevenir ni a combatir el delito” y que “si no fortalecemos a las instituciones para que puedan reprimir el delito de una forma más eficaz, por más leyes que se creen, sean buenas o malas, no van a funcionar”.
Por su parte, el juez Levis Italmir Orellana, dijo en una entrevista a un medio local que la Ley de Proscripción como tal no soluciona el problema de la delincuencia porque se trata de una Ley Administrativa, que solo remite al Código Procesal Penal.
“Reformas como estas, desde el punto de vista político-criminal, no soluciona el problema de la delincuencia. Se trata de una ley administrativa”, sentenció.
Con vacíos y todo pero ya comenzó a funcionar
Esta Ley que entró en vigencia este domingo no establece de forma clara qué es lo que se debe de entender como mara o pandilla, ni lo que se debe entender por Sombra Negra, un grupo de exterminio que actuó a mediados de los 90 en San Miguel, y que al parecer aún está vigente, con su objetivo de “limpieza social”.
También hay problemas en cuanto a cómo se van a probar lo hechos, dice Luna.
Acá es donde entra el papel de la policía y la fiscalía para recolectar las pruebas necesarias para que los casos no se caigan.
El sistema de recolección de pruebas en el país es bastante precario, por lo que muchos casos se podrían caer por eso. Por ejemplo, sólo en los homicidios el 80% de ellos quedan impunes por la falta de pruebas.
En el 2009 los 15 juzgados de paz de San Salvador atendieron 2,206 casos de agrupaciones ilícitas con 5,900 imputados, pero debido a las deficiencias de las pruebas ordenaron detención a 305, unos 234 quedaron libres de forma provisional y 1,817 quedaron libres definitivamente, detalla una publicación de Diario El Mundo, publicada este lunes.
“Es importante que la Fiscalía y Policía realmente asuman un papel protagónico en la investigación de esos hechos de una manera más contundente y más eficaz”, dijo el juez Marco Tulio Díaz, citado por medios locales.
La Ley también señala en el artículo 10 la creación de una normativa especial que establezca las condiciones de retiro o deserción y rehabilitación de los miembros de las agrupaciones y organizaciones criminales. De acuerdo a Luna este es otro vacío de dicha Ley, porque todavía no existe tal normativa.
“Hago un llamado al ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que agilice la redacción y discusión de una ley especial que establezca las condiciones de retiro y rehabilitación de las personas que pertenecen a las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales proscritas, siempre y cuando no hayan participado en hechos delictivos”, dijo Luna.
Esta normativa posiblemente sea presentada esta semana al presidente Mauricio Funes para analizarla, dijo recientemente el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, aunque no detalló en que fecha exactamente.
Ley contra pandillas no resolverá problemática delincuencial - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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