Está ya apareciendo en el ambiente una nueva polémica, esta vez sobre la llamada “partida secreta”, que no puede seguir como está, por los abusos a que se presta, y decir que sobre la misma hay control de cuentas, confiable y verificable, es casi risible.
Escrito por Editorial.17 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
A estas alturas del desarrollo de nuestro proceso democrático, ya no debería haber ninguna resistencia capaz de ponerle dilaciones o cortapisas a una adecuada y efectiva regulación de la transparencia en el ejercicio de la gestión pública, con los correspondientes mecanismos que aseguren una real y efectiva rendición de cuentas. Las presiones ciudadanas para que eso llegue a concretarse son crecientes; y como ello responde a una energía propia del proceso democratizador que vivimos, lo previsible es que la demanda por más transparencia se mantenga. Ante eso, la institucionalidad debería dejar de poner excusas o pretextos y animarse por fin a mostrar todas sus cartas y todos sus juegos.
En todas partes, el poder se resiste a ser transparente, y lograrlo, donde se ha logrado y consolidado, ha sido una larga batalla. Entre nosotros, en lo que a transparencia se refiere, estamos aún dando los primeros pasos. Una ley adecuada sería un avance de gran significación, de modo que no sea normativa de pura apariencia, sólo para decir que se tiene y callar bocas. Pero, en realidad, lo que más importa es hacer que la transparencia realmente transparente personalidades, trayectorias, actitudes, mecanismos y acciones concretas.
En el caso del gasto público, por ejemplo, transparentarlo de veras es indispensable no sólo para evitar la corrupción y el desperdicio, sino para ganar credibilidad ciudadana. Está ya apareciendo en el ambiente una nueva polémica, esta vez sobre la llamada “partida secreta”, que no puede seguir como está, por los abusos a que se presta, y decir que sobre la misma hay control de cuentas, confiable y verificable, es casi risible. Habría que asegurar que, en todo sentido, el poder esté al servicio del ciudadano, y no al revés, como ha sido nuestra gran distorsión histórica.
Más que una ley, un compromiso
En algún momento tendremos ley sobre transparencia y rendición de cuentas, porque es demasiado el tiempo que lleva ya la discusión sobre esto: una discusión que más que tal ha sido un ejercicio de disimulos y dilaciones; pero, como en cualquier otro punto de igual envergadura, lo más determinante es saber a qué tipo de normativa se arribará y cuántas posibilidades y capacidades reales tendrá de ser efectiva, en la medida que el proceso y la realidad lo requieren y lo demandan. Pues tenemos larga y asfixiante experiencia de leyes que se dan para no cumplirse o para cumplirse sólo a medias y sesgadamente, conforme sean los intereses que se imponen.
La transparencia es un estado de las cosas y de los hechos, y, por ende, constituye una atmósfera dentro de la cual sean visibles, sin veladuras ni acomodos, las realidades gubernamentales, políticas y de cualquier otro tipo que estén vinculadas al interés colectivo. Sería ingenuo pensar que la transparencia y la rendición de cuentas tendrán vigencia por el solo hecho de ser incorporadas en una ley: sin el compromiso estricto y verificable de cumplimiento, todo se quedaría en el papeleo inútil. Aquí se trata de que todos asumamos, como cosa propia, la cultura de la transparencia, que es uno de los componentes vitales de la democracia.
Esto implica que la ley sea buena y suficiente, y que también lo sean todas las voluntades indispensables para que la ley llegue a ser tal donde debe ser: no en el papel, sino en los hechos. Y que no se le rodee de antemano de las calculadas penumbras y los consabidos puntos muertos. Este es un tema del más alto interés nacional, y así debe ser concebido, tratado y resuelto.
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