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2010/08/20

LPG-Editorial-La libertad de expresión continúa en vilo

 En el caso de la libertad de expresión y del recurso de inconstitucionalidad que está aún en proceso, el ente encargado de la resolución, que es la Sala de lo Constitucional, debe dar el ejemplo de una madurez de juicio impecable.

Escrito por Editorial.20 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

Está por producirse la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la redacción actual del artículo 191 del Código Penal, que salvaguarda la crítica periodística. Este punto no es una cuestión estrictamente jurídica, ya que la decisión, en uno u otro sentido, tendrá implicaciones que van mucho más allá de la ley, pues en verdad se está tocando uno de los puntos esenciales de la democratización nacional. Retroceder al respecto sería abrirle paso a otros retrocesos históricos; y, por el contrario, asegurar la libertad aludida significaría garantizar, en un tema clave, el avance de la democracia en el país.

Múltiples voces han surgido en el ambiente en pro de preservar la libertad de expresión, tal como ahora mismo está enmarcada por la ley. Diversidad de argumentos se han vertido y se siguen expresando en razón de mantener lo que ya se tiene. Este tipo de discusiones públicas puede abonar a un mejoramiento progresivo de la conducta de todos; pero lo indeseable y verdaderamente peligroso es recurrir a la cultura del candado cuando lo que se debe impulsar es la cultura de la buena disciplina, que es la que en todos los órdenes estamos necesitando.

La libertad de expresión, como la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, son resultado de una larga marcha en pro de una sociedad más abierta y democrática en todas partes. Dar un paso atrás, en cualquiera de las libertades básicas, puede significar, y en los hechos significa, exponerse a un vuelco degenerador de lo tan difícilmente logrado. En este tema, pues, hay que pensar la ley con realismo responsable al máximo. Los argumentos jurídicos deben servirle a la realidad, y no al revés. Aquí no valen repentismos garantistas ni aferramientos doctrinarios de ninguna índole. Ojalá que impere la verdadera racionalidad.

Un Estado de Derecho visionario

En el país se viene construyendo el Estado de Derecho, que no es un monumento estrictamente jurídico, sino un amplio escenario diseñado y delimitado por la legalidad, en el que debe montarse una obra de los más diversos contenidos humanos. Y así como la realidad política no es ni debe ser patrimonio exclusivo de los políticos, el Estado de Derecho no es ni debe ser patrimonio exclusivo de los expertos en leyes. Hay que entender que la vivencia democrática es fundamentalmente participativa, y por ello todas las decisiones, aún las más personalizadas, como las que toma un Presidente de la República, las que acuerda un cuerpo como la Asamblea Legislativa o las que surgen de un ente como la Corte Suprema de Justicia, deben necesariamente alimentarse de los cultivos de la realidad política, social e histórica.

La tarea, en estos momentos, consiste en consolidar un Estado de Derecho en el que puedan desarrollarse lo más naturalmente posible las diversas libertades que están en la base de nuestro régimen actual de vida. Son libertades que demandan, desde luego, muchísimo perfeccionamiento, y por ende son aún muy vulnerables. Cuidar al máximo dichas libertades es una misión nacional a la que todos estamos convocados y a la que todos debemos responder.

En el caso de la libertad de expresión y del recurso de inconstitucionalidad que está aún en proceso, el ente encargado de la resolución, que es la Sala de lo Constitucional, debe dar el ejemplo de una madurez de juicio impecable. Y lo mismo podría decirse de todas las otras decisiones fundamentales que están en lista de espera.

La libertad de expresión continúa en vilo

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