Sala de lo Penal no accedió a la petición de LA PRENSA GRÁFICA para remover, por adelantar opinión, a dos magistradas de Cámara de Menores de conocer de una apelación sobre una multa impuesta al periódico por difundir la identidad del menor Jonathan D.
Escrito por Jessica Ávalos.17 de Agosto. Tomado de La Prensa Gráfica.
Doris Luz Rivas Galindo, María Edith Rivas de Ávalos y Sandra Elizabeth Chorro, magistradas de la Cámara de Menores de San Salvador, resolverán sobre la apelación que presentó LA PRENSA GRÁFICA por la multa impuesta por la publicación de la identidad de un menor infractor. Así lo determinó la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
LA PRENSA GRÁFICA había pedido que las tres juezas dejaran el caso por considerar que mostraron imparcialidad y adelantaron criterio sobre la multa impuesta contra el periódico por publicar las fotografías y el nombre completo del menor Jonathan D. en el momento que apuñalaba a Carlos Garay, estudiante del INFRAMEN.
Pero los magistrados de la Sala de lo Penal Miguel Trejo, Rosa María Fortín –presidenta de esta– y Ricardo Zamora rechazaron la petición de separación de las juezas. Con sus tres votos, el pasado 28 de julio firmaron la sentencia, que da luz verde para que sean Rivas, De Ávalos y Chorro las que determinen si se exonera al periódico de la multa.
La Sala de lo Penal determinó que la solicitud de recusación fue presentada fuera de tiempo y que, además, la petición no estaba basada “en hechos que adecuen a un motivo legal de impedimento” para conocer el caso.
“Este recurso es inadmisible porque entró cuando ellas habían pronunciado resolución. No se puede hablar de separar a una persona, cuando ya pronunció resolución. Si no, todas las partes que no están de acuerdo nos pondrían recusación”, explicó la magistrada Rosa María Fortín.
Para la sala no fueron suficientes los argumentos expuestos en el escrito que presentó el representante legal del periódico, Arístides Perla, donde se señalaba que la magistrada Galindo se debía separar del caso porque organizó la V Convención Nacional Judicial, en la que se dieron muestras de apoyo hacia la jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, quien condenó al periódico por la publicación de las fotos.
El artículo 73 del Código Procesal Penal establece que los jueces enfrentarán impedimento para conocer un caso cuando “ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento”.
LA PRENSA GRÁFICA también expuso en su escrito que Chorro, magistrada suplente que conoció el caso cuando Rivas Galindo estaba fuera del país, emitió una resolución donde recriminó que los medios de comunicación habían manejado “caprichosamente” la información del caso y dañado la imagen de Jonathan.
Pero Fortín insiste en que ninguno de estos elementos que está dentro cumple con las características para convertirse en causales de recusación.
“Los hechos que se invocaban no encuadraban en las causales de recusación”, recalcó Fortín.
“En el planteamiento expresado no se aporta ningún hecho que denote que la magistrada Rivas Galindo haya dado consejos en torno a los puntos de agravio que están pendientes de resolver”, reza una de las partes de la sentencia.
El magistrado Ulices del Dios Guzmán fue el único que respaldó la petición hecha por el periódico. Guzmán está redactando el razonamiento de su voto en discordia para anexarlo a la sentencia. Ayer no quiso dar más detalles de su voto, porque esperará a que se notifique a todas las partes involucradas.
“Estoy terminando de redactar el razonamiento de mi voto. Una vez esté listo y notificado voy a exponer mi punto de vista”, acotó el funcionario.
Para declarar inadmisible la recusación, la sala tuvo que superar un punto muerto porque los tres magistrados propietarios estaban en discordia. Llamaron a dos magistrados suplentes para que se integraran a la sala. Zamora, uno de los que se integró a la discusión, fue el que dio el voto decisivo para la emisión de la sentencia.
LA PRENSA GRÁFICA fue multada por la publicación de la identidad de Jonathan D., que ya fue condenado a siete años de internamiento (prisión). El presidente de LA PRENSA GRÁFICA, José Roberto Dutriz, ha explicado que la apelación no obedece a la cuantía de la multa, sino porque representa “un castigo por informar con la verdad”.
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