Los gobiernos de la región diseñan estrategias represivas en defensa de los intereses de los poderes fácticos. La democracia es violada a diario por quienes dicen defenderla.
Por Fernando de Dios. 14 de Agosto. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – La región centroamericana está sufriendo un retroceso alarmante en materia de respeto a derechos humanos. No es sólo que se estén dando violaciones clásicas y estructurales a derechos de la población causadas principalmente por la tremenda injusticia, desigualdad, impunidad y corrupción que asola a los países, sino que además se registran situaciones nuevas que hacen aún más preocupante la realidad regional.
Centroamérica produce a diario noticias que aumentan la percepción de que la calidad del ejercicio de derechos y libertades por parte de la población es cada vez menor. Frecuentemente, los gobiernos toman, a espaldas de las ciudadanías, decisiones que relegan la perspectiva de derechos humanos a un plano secundario, en busca de la protección de las élites económicas y políticas que a la vez perpetúan las condiciones estructurales de injusticia y desigualdad.
Son consideraciones que se desprenden del quinto Informe sobre Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica presentado este jueves en San Salvador por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, formado por organizaciones de todos lo países de la región, incluido Panamá.
“En la región, las violaciones a los Derechos Humanos son cada vez más constantes; la exclusión y la carencia de diálogo hacen permanentes los conflictos entre gobierno y sectores sociales, a los cuales se les limita la posibilidad de incidir en la formulación de políticas públicas que afectan de una u otra forma sus condiciones de vida” sentencia el informe.
El grupo de monitoreo entiende que en las agendas de los partidos políticos y los gobernantes centroamericanos están privilegiados los intereses de poderes fácticos, es decir, las capas más adineradas de la población y el crimen organizado. Según el informe, los gobiernos están utilizando los estados para acallar cualquier conato de respuesta por parte de la población a esta situación.
Como consecuencia de esta defensa de intereses alejados de las mayorías, dice el informe, la calidad democrática de los países centroamericanos, lejos de incrementarse, se deteriora paulatinamente, al tiempo que se incrementan los niveles de violencia, delincuencia, corrupción e impunidad.
Por otra parte, derechos sociales, económicos y culturales, como acceso a salud y educación, vivienda, alimentación, derechos ambientales o laborales, fallas estructurales de las sociedades centroamericanas, continúan estando lejos del alcance de la mayoría de la población como consecuencia de un sistema político y económico que fomenta las desigualdades.
Como señaló el Procurador Adjunto para los Derechos Humanos de El Salvador, Salvador Menéndez Leal, “la situación que se vive en nuestros países emula e incluso empeora a la que hace más de treinta años propició los conflictos armados”.
Y como entonces, hoy se produce, según han señalado los y las representantes de las organizaciones responsables de este estudio, la profundización de estrategias represivas por parte de los gobiernos contra defensores de derechos humanos, grupos sindicales, organismos representativos de grupos excluidos y, en general cualquier voz disidente, lo que está haciendo más difícil su necesaria labor de contrapeso social a los poderes establecidos.
Como defensores de los derechos humanos, señalan que esta labor en concreto sufre un proceso de criminalización caracterizado por “amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias, campañas de desacreditación e incluso asesinatos”.
Aunque parezca que hablamos de mediados de los años 70, la actualidad de 2010 demuestra que siguen teniendo lugar este tipo de situaciones en los hoy autoproclamados regímenes democráticos centroamericanos.
Honduras en el punto de mira
Dentro de esta realidad, el informe destaca la situación que se vive en Honduras, que a más de un año del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucionalmente elegido, Manuel Zelaya, aún es un territorio de alto riesgo para aquellas personas que pretendan alzar la voz contra una situación política y social en la que los amos del poder y el dinero han demostrado estar dispuestos a volver a viejas prácticas para no cederlo.
En Honduras, dice el informe, “se reinstauraron viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional, las cuales estaban destinadas a mantener el régimen de facto por medio de la represión e intimidación militar-policial, con graves consecuencias en las libertades civiles y la vida humana”.
Las elecciones organizadas por las autoridades tras el golpe de Estado dieron como resultado un nuevo gobierno que, supuestamente, vino a dar fin a una situación excepcional, marcada por cierres de medios, toques de queda y estados de excepción durante los cuales las fuerzas armadas y la policía hondureña realizaron numerosas detenciones, torturas y asesinatos, según han denunciado y documentado varias agencias internacionales de defensa de los derechos humanos.
De izquierda a derecha: María Silvia Guillen, reverendo Felipe Anderson, Gretel Gamboa y Marlyn Sierra, miembros del equipo que presentaron el informe sobre los derechos humanos en Centroamérica.
Sin embargo, la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo no significó el fin de esas prácticas. En un informe publicado el pasado mes de julio, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el gobierno de Honduras no está cumpliendo con sus obligaciones para garantizar derechos como la libre expresión o asociación en el país.
En Honduras, según HRW, se ha creado un clima de intimidación a periodistas y opositores políticos alimentado por las amenazas, agresiones y asesinatos de que son víctimas y ante los que el Estado no ha respondido, brindando a los agresores absoluta impunidad.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para América de HRW. Y añadió que "cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Al menos nueve periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una organización política que se opuso al golpe y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya, han sido asesinados desde que el Presidente Lobo asumió el poder el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
En junio de este año, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) reportaba un total de 707 casos de agresiones políticas en el país desde el 30 de enero anterior. De ellos, 504 eran correspondientes a actuaciones contra defensores de derechos humanos.
Las prácticas descritas por el Cofadeh, van desde “vigilancia a las oficinas de las diferentes organizaciones de derechos humanos, hasta persecución, asesinatos y detenciones ilegales”, pasando por secuestros, allanamientos, torturas y exilio forzado.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a HRW que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
Panamá reprime a sindicalistas
El pasado 16 de junio, el parlamento panameño aprobó a instancias del gobierno de Ricardo Martinelli la llamada Ley 30, que entre otras cosas penaliza la huelga, la manifestación callejera, la libertad sindical y otros derechos laborales y ambientales de la población.
Entre otras disposiciones, esta ley establece que la pena para los trabajadores que realicen protestas en las calles puede llegar a los dos años de prisión.
Desde el 3 de julio, distintas organizaciones sindicales, principalmente de trabajadores del sector bananero, los más afectados por la medida, iniciaron una huelga acompañada de protestas callejeras en la ciudad de Changuinola, capital de la provincia de Bocas de Toro.
El día 8, la policía dio comienzo a una ola represiva contra los manifestantes que ese mismo día dio como resultado dos muertos y más de 100 heridos, según reconoció el propio gobierno panameño. Dos días después, 300 personas eran detenidas al salir del Encuentro Nacional de Dirigentes Populares, en Ciudad de Panamá.
El 24 de julio, organizaciones sindicales de la zona de Bocas de Toro denunciaban la muerte de ocho personas más como consecuencia de la acción represiva de la policía en la provincia occidental, si bien el número total de muertos como causa directa de la represión no se ha podido conocer porque el gobierno no ha dado datos.
Grettel Gamboa, de la Iglesia Luterana de Costarricense (Ilco), una de las organizaciones integrantes del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, señala que Martinelli “es un político y empresario de ultraderecha, y está haciendo lo que se podía esperar de él”.
“En esto (en la represión en Bocas de Toro) se han reflejado las políticas drásticas de Martinelli. Se produjo toda una revuelta a nivel social con una represión muy fuerte por parte del gobierno y consideramos que es parte de la política económica ultraderechista de Martinelli, su gobierno y sus ligámenes empresariales”, añadió la activista costarricense.
Costa Rica se deja ocupar
Hace algo más de un mes, la población costarricense de veía sorprendida por la decisión de su gobierno de permitir la entrada en su territorio de 7,000 marines con todos sus pertrechos de guerra y en sus aguas de decenas de embarcaciones bélicas estadounidenses con la supuesta misión de combatir el narcotráfico.
Sin tener en cuenta en ningún momento la opinión de su ciudadanía, el gobierno recién estrenado por Laura Chichilla, se aprestaba a ceder su territorio para la entrada de una fuerza de guerra, una decisión que, más allá de las implicaciones políticas y evidentes objetivos estratégicos que comporta, viene a socavar la soberanía y autodeterminación de un pueblo que hace más de medio siglo decidió que su Estado no necesitaba un ejército.
“El tema de los marines nos tomó por sorpresa, no hubo una discusión pública”, comenta Grettel Gamboa, que asegura que hay un importante sector de la población de Costa Rica para el que esta decisión “es una violación total a la autonomía y a la soberanía nacional”.
Nicaragua en retroceso
En Nicaragua, los dos partidos políticos mayoritarios han renunciado a luchar por el poder para repartírselo y hacer uso del Estado para sus propios intereses y los de aquellos que cómodamente se encuentran a bajo su paraguas.
Ello implica, según la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, que en Nicaragua, “en materia de los derechos civiles y políticos en los que se había avanzado, como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la justicia, se ve un total deterioro”.
Algo que achaca a “las ansias por perpetuarse en el poder, tanto del FSLN (Frente Sandinista para la Liberación Nacional) como del PLC (Partido Liberal Constitucionalista). Todo esto es producto de los famosos pactos de los partidos mayoritarios, que no toman en cuenta en ningún momento la situación y las demandas reales de la población”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un decreto que posibilita al presidente Daniel Ortega a presentarse a la reelección en los comicios presidenciales del próximo año, algo que no contempla la Constitución Política del país y que se ha hecho con la connivencia de todos los poderes del Estado.
“ La Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, todos están alineados de cara a que el comandante Daniel Ortega siga en el poder, lo que implica una ruptura del orden constitucional”, afirma Marlin Sierra.
La consecuencia, según la representante del Cenidh, es que en el país se están incrementando los niveles de violencia, puesto que la protesta contra esta situación está siendo respondida desde el partido en el gobierno con la formación de grupos de choque para contrarrestar cualquier manifestación de desacuerdo con la estrategia de los gobernantes.
“Cualquier denuncia contra alguna violación de derechos humanos, o que demande la participación ciudadana, o espacios para la libertad de expresión o la libertad de prensa, inmediatamente se utilizan a jóvenes como grupos de choque y se producen confrontaciones muy violentas, con la pasividad de la policía, y en ocasiones con su colaboración”, relata Sierra.
A lo que añade que con relación a estos hechos no hay ningún proceso en marcha aunque haya pruebas que pudieran ser utilizadas. Marlin Sierra considera que otra pérdida que está experimentando la población nicaragüense es el acceso a la justicia, pues el órgano judicial del país ha dejado de cumplir con su cometido.
Defender la dignidad humana
El informe presentado este jueves recoge una serie de recomendaciones que enfatizan la necesidad que tienen los pueblos de Centroamérica de que sus gobiernos adopten una visión distinta de las prioridades que guían su accionar.
“La región centroamericana debe optar por un modelo de desarrollo solidario, que ponga la dignidad humana por sobre la acumulación de ganancias”, señala el documento.
Por una parte, el informe considera imprescindible garantizar a la población derechos laborales y salarios dignos y el acceso a servicios básicos como educación, salud y recreación, pues se corre el riesgo de que los derechos pasen a ser privilegios de quienes se los puedan costear.
Por otra parte, el informe plantea que la región necesita un cambio de estrategia hacia un desarrollo en el que no prime el beneficio comercial sobre la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, por lo que “es necesaria una mayor rigurosidad para con el accionar de las empresas transnacionales, ya que hasta el momento funcionan con plena libertad”.
Y como norma general, se recomienda que se cuente con la ciudadanía a la hora de gobernar, ya que, como recuerda el informe, “es responsabilidad del Estado escuchar a los sectores sociales y comunidades con el fin de dar salida a los conflictos”.
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