La ley antipandillas solo permitirá reducir la criminalidad si se garantiza su operatividad y se establecen penas claras. Este es el mayor desafío de la Asamblea Legislativa... Pero también dependerá del sistema judicial que... por ahora está en deuda.
Escrito por Claudio M. de Rosa.05 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Hace 14 días iniciamos la semana con la horrorosa noticia sobre la barbarie de disparar y quemar vivas a 16 personas en un bus, incluyendo a un recién nacido. Siguiendo su norma de gestión, el Gobierno “reacciona” ante los hechos consumados, dejando en evidencia sus limitaciones para ser “propositivo”, con lo que refuerza la percepción de que nunca ha tenido Plan de Seguridad Pública, lo cual es la causa central del preocupante nivel de criminalidad. Esto que pareciera un duro señalamiento ya quedaba en evidencia en la entrevista del presidente Funes en Frente a Frente el 4 de febrero de 2010.
Allí el presidente Funes dijo: “Hay medidas que no han resultado y esas las hemos eliminado, las tenemos que corregir. Por ejemplo, eliminamos el régimen de disponibilidad... Ahora caemos en cuenta que necesitamos mayor disponibilidad... mayor cantidad de recursos de fuerza pública en la calle”. Por Dios, solo después de que la delincuencia se salió de control, recién se cayó en cuenta sobre la necesidad de tener mayor número de policías en la calle. Luego, su juicio sobre la gestión de seguridad pública fue contradictorio. Primero expresó: “Tengo una opinión formada y tengo plena confianza en el director de la Policía... en los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad. No tengo por qué dudar de su capacidad...”. Pero luego concluyó: “Yo no estoy satisfecho con los resultados... si estuviéramos satisfechos otra sería mi posición”.
Evidentemente, cuando la gestión de seguridad pública cae en el ámbito de la política partidista, las consecuencias las paga la población. Los resultados de gestión de seguridad pública muestran un rotundo fracaso, sin poder corregirse porque se siguen manteniendo las cuotas políticas. Además, como en el pasado también actuó el FMLN bajo un prisma político, se cometieron errores graves, que hoy está pagando el pueblo con luto y dolor.
En 2003 el FMLN se opuso férreamente a la ley antipandillas, argumentando que “la represión no ayuda a detener las maras”. En ese entonces, el problema delincuencial ya era preocupante, pero si se hubiese actuado con racionalidad, cuando había 6 asesinatos diarios, y se hubiesen desmantelado las maras cuando eran débiles, no se habría llegado a 9 asesinatos diarios en 2009, ni se estaría viviendo la “crisis que se tiene hoy”. En efecto, hay “crisis”: los asesinatos se han elevado a un promedio de 14 casos diarios y hasta 35 en los fines de semana.
Argumentar que este mal social ya venía desde antes, para pasar la culpa a otro, los hace quedar mal parados, porque el FMLN tiene la mayor cuota de responsabilidad, como lo demuestra el mea culpa hecho por Medardo González, coordinador general del FMLN y jefe de fracción, cuando dice: “Si nos equivocamos la vez pasada, pues nos equivocamos y podemos aceptar nuestro error”, y agrega: “Uno puede cambiar, no es lo mismo como están las cosas (ahora), de hecho están gravísimas”... “las condiciones y la situación del país están graves, muy graves”. Recordemos que también negaron sus votos para los préstamos de Seguridad Pública, lo que limitó la capacidad de acción policial.
Esta aceptación del “error” cometido por “equivocación” es inaceptable. Pregúntese qué reacción tendría usted si el médico le dice que su familiar murió por “equivocación” y que lamenta el “error”. En países más avanzados estarían pagando indemnización y probablemente estarían en la cárcel. Es acertado mirar al pasado y corregir, pero esto no quita que son responsables por el aumento de los asesinatos y del dolor de miles de familias. El cambio esperado no era dar explicaciones, sino reducir los índices de criminalidad, lo que no han logrado, porque estos suben en los 13 meses de gobierno del FMLN.
Para evitar caer en una situación de “Estado fallido”, es de aplaudir si el presidente comienza a incluir, escuchar y actuar. Las propuestas de Seguridad Pública de la Cámara de Comercio, ANEP, ARENA y otras instancias pueden constituir grandes aportes si se integran esfuerzos y se termina con la politización. El presidente Funes debe tomar el liderazgo, porque el artículo 168, inciso 3.º de la Constitución. le establece como obligación: “Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad”.
La ley antipandillas solo permitirá reducir la criminalidad si se garantiza su operatividad y se establecen penas claras. Este es el mayor desafío de la Asamblea Legislativa, además de evitar inconstitucionalidades. Pero también dependerá del sistema judicial que, en la percepción de la gente, por ahora está en deuda.
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