Frente a tanta crispación, que vista desde afuera está más allá de cualquier argumento justificativo, hay que recordar que existe para todo un factor de base que es la racionalidad y un instrumento indispensable que es la comunicación dialogante.
Escrito por Editorial.14 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
La realidad nacional de nuestros días es complicada en todo sentido, y pareciera que esa complicación, que deriva básicamente del cúmulo de problemas de fondo no resueltos, en vez de generar en las más altas esferas del poder público un ejercicio de funcionalidad sensata, está produciendo una especie de descontrol de las emociones, que puede llegar a ser verdaderamente dañino para el buen tránsito por esta etapa de por sí tan difícil de nuestro proceso democratizador.
La Asamblea Legislativa siempre ha sido una vitrina de contrapunteos partidarios, muchos de ellos evitables con sólo aumentar la dosis de sensatez en el manejo de las diferencias; pero en los meses recientes, la convulsión se ha instalado también en el Ejecutivo y, todavía más inconcebiblemente, en la misma Corte Suprema de Justicia. Pareciera como si las pasiones se hubieran ido poniendo al rojo vivo, de seguro conducidas por temperamentos fácilmente detonables. Y esto ocurre cuando más estamos necesitando serenidad, buen juicio, tolerancia y equilibrio emocional. Frente a tanta crispación, que vista desde afuera está más allá de cualquier argumento justificativo, hay que recordar que existe para todo un factor de base que es la racionalidad y un instrumento indispensable que es la comunicación dialogante.
Dan ganas de hacerse aquella pregunta que le daba título a un programa televisivo: ¿Qué nos pasa? Y de responder como se hace con frecuencia en otro programa televisivo: Aquí nadie tiene la razón. Hay que tranquilizar ánimos, hacer las tareas tal como éstas requieren ser hechas y pensar en el país antes que en cualquier tipo de personalismo.
Las instituciones merecen respeto
En la trastienda de todos estos conflictos, que son más de forma que de fondo, está esa tradicional falta de respeto que los encargados de las instituciones tienen por la institucionalidad a la que representan. En el actual momento, lo que parece estar prevaleciendo es una visceralidad que, si siempre resulta negativa, más lo es en las actuales circunstancias que vive el país, con una alternancia política en marcha y con una cantidad creciente de problemas por resolver.
En casos como la renuncia del Ministro de Agricultura y Ganadería, que ha estado rodeada de tantas cuestiones por conocer y averiguar, en vez de respuestas institucionales lo que se ve y oye son reacciones airadas. Y en referencia a lo que se viene dando dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es una conflictividad sin precedentes, la transparencia obligaría a dar a conocer todo lo que pudiera estar detrás. Lo que no puede admitirse es que todas estas cosas vayan pasando como si se tratara de pleitos privados, cuando es la institucionalidad pública la que está de por medio, con toda la incidencia que tiene en la marcha del proceso democratizador y de desarrollo. Se habla mucho de seguridad ciudadana y aun de seguridad jurídica, pero no se habla de otro tipo de seguridad que también está en crisis: la seguridad institucional.
Todas estas cosas deben estar en el foco de atención de la ciudadanía, para asegurarse de que las decisiones sobre representatividad vayan siendo, en su momento, cada vez más cuidadosas.
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