Escrito por Redacción.19 de Mayo. Tomado de ContraPunto.
El fiscal general, Romeo Barahona, dice que debe analizarse a profundidad la Ley de Amnistía y la prescripción de los dos casos.
SAN SALVADOR - La Fiscalía General de la República (FGR) contempla la posibilidad de abrir la investigación de los asesinatos del poeta Roque Dalton y del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
El titular de la institución, Romeo Barahona, dijo este martes que para abrir expedientes de ambos crímenes deberá analizarse las incidencias de la Ley de Amnistía que se concedió en el país como efecto de los Acuerdos de Paz, de 1993, que permitieron la finalización del conflicto armado.
También deberá analizarse la prescripción o caducidad de los delitos que se establece en las leyes penales del país. Esto es, analizarlo a la luz del hecho de que ya pasaron 35 años del crimen del escritor, y 30 en el caso del prelado, y las leyes dan un margen de 10 años para que un crimen o delito sea perseguido penalmente.
Dalton fue asesinado por sus mismos compañeros guerrilleros en mayo de 1975, mientras que el arzobispo Romero, por un comando de ultraderecha, en marzo de 1980. Ambos casos estarían ya “prescritos” o caducados.
Pero esos casos son considerados de lesa humanidad, según algunos abogados, y por lo tanto no caducan nunca, ni pueden ser amparados por amnistías.
Los hijos de Roque Dalton, Jorge y Juan José Dalton, presentaron la semana pasada una denuncia ante la FGR en contra del actual director nacional de Protección Civil, Jorge Meléndez y contra Joaquín Villalobos, asesor en materia de seguridad y narcotráfico del gobierno mexicano.
Ambos denunciados son considerados por los Dalton como responsables de la muerte del escritor, ejecutado el 10 de mayo de 1975 por órdenes de la comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de la cual eran miembros Meléndez y Villalobos, además de otros personajes cuyo paradero se desconoce.
Los abogados de los Dalton alegan que el crimen del poeta no ha caducado, pues es considerado de lesa humanidad.
El presidente Mauricio Funes dijo un mes después de asumir la presidencia el año pasado, que el crimen de Romero no puede quedar impune.
Demandó para entonces que el fiscal general que fuera nombrado debía tener la valentía de iniciar esas investigaciones. Ahora esa responsabilidad recae en Romeo Barahona. Las administraciones de la otrora poderosa Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se negaron sistemáticamente a abrir la investigación.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 bajo órdenes del fundador de ARENA, Roberto d`Aubuisson, según la Comisión de la Verdad, instalada por las Naciones Unidas para esclarecer crímenes cometidas tanto por los gobiernos de derecha como por la extinta guerrilla del FMLN.
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