Los representantes vienen comportándose como propietarios absolutos de la representación, con lo cual la figura del verdadero mandante, que es el pueblo, queda prácticamente diluida, si no borrada.
Escrito por Editorial.20 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Empiezan a conocerse datos más precisos sobre situaciones que escandalizaron justificadamente a la opinión pública, como es el caso del Bulevar Diego de Holguín, que es una verdadera vergüenza nacional. Surgen asimismo casos como el del entierro masivo de medicamentos vencidos en Salud Pública. Y hay también expedientes abiertos por anomalías en el área de Gobernación. Todo indica que los primeros velos se están levantando en lo referente a prácticas corruptas en dependencias gubernamentales, y esto es sano, siempre que se haga con responsabilidad e imparcialidad.
Entre la ciudadanía, viene de lejos la percepción de que en muchas áreas del Gobierno, y no sólo del Ejecutivo, se vienen dando manejos indebidos especialmente vinculados con los fondos públicos. Tradicionalmente, todo esto ha estado envuelto por una densa capa de arbitrariedad e impunidad; pero el proceso democrático mismo va haciendo aperturas esclarecedoras, que deben ser acompañadas responsablemente por la institucionalidad. Se trata de perfeccionar el proceso de manera progresiva, no sólo porque hay que respetar valores básicos, como la probidad y la decencia, sino porque es lo que se requiere para garantizar la confianza ciudadana, básica para que haya paz, estabilidad y desarrollo.
En un tema tan decisivo como éste es, desde luego, muy importante conocer lo pasado y aplicar la ley como se debe; pero igualmente importante es asegurarse de que en el presente no se repitan vicios y conductas irregulares o delictuosas, y, sobre todo, cerrar todos los portillos por donde se cuelan la arbitrariedad y la corrupción, erradicando figuras administrativas perversas como la de los “gastos imprevistos” sin debido control.
Garantizar MANEJOS HONRADOS
Nuestra institucionalidad ha vivido permanentemente lastrada por la falta de una suficiente claridad sobre las decisiones gubernamentales y la puesta en práctica de las mismas. Esto deriva de que el ejercicio del poder en nuestro país se ha impuesto sobre cualquier consideración de responsabilidad institucional. Los representantes vienen comportándose como propietarios absolutos de la representación, con lo cual la figura del verdadero mandante, que es el pueblo, queda prácticamente diluida, si no borrada. Pero con el surgimiento de la democracia y el avance de la misma, esto se pone cada más en evidencia y es cada vez menos ocultable o disimulable.
Por ejemplo, se viene acrecentando en el ambiente la demanda de más transparencia gubernamental, que es ahora mismo una de las apuestas principales de un centro de análisis y pensamiento como FUSADES y también un requerimiento del sector privado para pasar a la consideración concreta de lo que podría ser un pacto fiscal.
De lo que se trata, con ésta y con otras iniciativas, es de ir garantizando que todos los manejos públicos estén marcados por la vigencia real de valores como la honradez en el desempeño de la función y el respeto a la dignidad institucional. Hay que crear condiciones estructurales, y a la vez asegurarse de que las personas designadas para desempeñar cargos en todos los niveles del aparato administrativo sean modelo de comportamiento correcto, más allá de toda tentación o sospecha.
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