Por supuesto, a quien en primer lugar hay que exigirle eficiencia y austeridad es al Estado en general, y desde luego a las autoridades y funcionarios, dada la representación que ejercen.
Escrito por Editorial.05 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Como la crisis nos lo viene mostrando repetida y elocuentemente, la eficiencia y la austeridad son ahora ya no sólo virtudes funcionales básicas, sino demandas imperiosas del fenómeno real, tal como lo vivimos a diario. Tales demandas se hacen cada vez más urgentes, porque estamos en un momento de riesgos ciertos, y no por turbulencias ideológicas, como tanto se aireó durante la borrascosa campaña electoral de los años 2008 y 2009, sino por la agudización de un contraste que es producto de las circunstancias concretas: el contraste entre lo que el Gobierno quisiera hacer y las disponibilidades efectivas que tiene para ello.
Dos circunstancias coincidentes vienen a complicar las cosas en este momento: la falta de un proyecto de país, que sería capaz de articular voluntades de sectores y de grupos hacia una meta común de progreso y estabilidad; y la agudización de la problemática nacional, por factores externos e internos, especialmente en las áreas económicas y de seguridad. En tales condiciones, la eficiencia se vuelve un requisito de supervivencia y la austeridad se convierte en una disciplina de viabilidad.
Por supuesto, a quien en primer lugar hay que exigirle eficiencia y austeridad es al Estado en general, y desde luego a las autoridades y funcionarios, dada la representación que ejercen. Por el contrario, lo que venimos viendo en el amplio aparato estatal es predominio de ineficiencia y ausencia de austeridad. No es de extrañar, entonces, que desde el ámbito ciudadano haya tanta escasez de confianza en el trabajo público. Revertir tal situación es imperativo para producir seguridad y propiciar desarrollo.
Que el Gobierno dé la pauta
Las condiciones imperantes en el país ponen a la Administración actual en una posición que es a la vez de oportunidad de cambio y de exigencia de realismo. El desafío, pues, está en lograr los adecuados equilibrios, que permitan estabilidad y transformación, lo que podría parecer contradictorio, pero que en verdad es lo más congruente. En esa línea, la eficiencia y la austeridad son factores vitales para ese equilibrio sin el cual la problemática que todos enfrentamos se podría volver ingobernable.
Ya por tradición, la eficiencia gubernamental es insuficiente y mediocre; y la austeridad en el manejo de los recursos nacionales viene siendo una aspiración siempre postergada. Tenemos un aparato estatal sobrecargado y en muchos sentidos obsoleto; y la tendencia del gasto público se ha ido inclinando cada vez más hacia la apariencia de buen gobierno, el cultivo de imagen, la evasión de controles y el inmediatismo improvisador. Nada de esto es sostenible sin daños para la salud democrática del sistema político.
La ciudadanía quiere seguir confiando en que la gestión gubernamental será exitosa en función de los intereses nacionales; y, en correspondencia, el trabajo político y administrativo debe producir resultados tangibles y verificables. Ahora mismo, para el caso, el Gobierno necesita más fondos y con todo derecho los busca, sobre todo vía créditos, ¿pero dónde está el compromiso de reforma del funcionamiento del Estado, que ya es impostergable, sobre todo en circunstancias como éstas?
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