LPG-6 abogados salpicados por robo de vehículos

 La Fiscalía no les ha girado orden de captura, pero pedirá que un juzgado de Paz les inicie un proceso por falsedad de documentos.

Escrito por Efren Lemus.14 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.

 
La Fiscalía General de la República ordenó la detención de 11 personas por su presunta participación en el robo de vehículos y anunció que, en las próximas horas, pedirá que se inicie una investigación judicial contra seis abogados que habrían ayudado a legalizar unos 17 vehículos robados.

Según la Unidad Especializada de Hurto y Robo de vehículos de la Fiscalía, la banda era dirigida por Jaime Walter Adolfo Auerbach, quien fue capturado el miércoles en la madrugada. El fiscal a cargo de la pesquisa, Lorenzo Martínez, dijo que algunos de los autos fueron robados en Guatemala, y después modificados y legalizados en el país.

Las otras personas que habrían participado en el ilícito fueron identificadas como Walter Julio Torres, Walter Eduardo García Ortega, Guillermo Adolfo Bustillo Stanley, Carlos Emilio Surio y Nefy Antonio Galdámez Méndez, quien según registros de la Corte Suprema de Justicia fue secretario del Juzgado de Paz de San Antonio del Monte, en Sonsonate.

Al cierre de esta nota, la Fiscalía informó que no tenía la identidad de cuatro personas más que fueron arrestadas en diversos operativos en varias ciudades del país: San Antonio del Monte; Sonsonate, Pasaquina, La Unión; y San Salvador.

En uno de los allanamientos –no especificaron lugar– se decomisó un vehículo desmantelado, el cual tenía reporte de robo desde el lunes pasado. Además, la Policía incautó dos armas de fuego, una calibre 38 y otra 9 milímetros.

Martínez dijo que las investigaciones iniciaron hace dos años y que, en las próximas horas, presentarán el requerimiento ante un juzgado de Paz, donde se acumularán otros casos.

Pese a que señalan a los seis abogados en delitos de falsedad material, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas, la Fiscalía no girará las órdenes de captura correspondientes.

Prefieren que el juzgado cite a los señalados y expliquen supuestas irregularidades en documentos notariales que permitieron la legalización de los autos robados.

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