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2010/05/18

EDH-La Fuerza Armada y su nueva misión contra la criminalidad

Escrito por Carlos Ponce.19 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

El renovado y significativamente ampliado rol que el Presidente pretende conferir a la Fuerza Armada en la lucha contra la criminalidad, cuenta con el beneplático de diferentes sectores de la sociedad. La literatura criminológica que analiza la incorporación de efectivos militares en tareas de seguridad pública, explica que este alto nivel de aceptación es exactamente lo que los políticos buscan explotar al adoptar este tipo de estrategias.

Generalmente, las fuerzas armadas gozan de la simpatía y admiración de la población, como consecuencia de la heroica naturaleza de las labores que tradicionalmente desempeñan. Esto asegura que su incorporación en el combate de la delincuencia siempre cuenta con la aprobación de la mayoría y, consecuentemente, los esfuerzos propuestos por el Ejecutivo en materia de seguridad, que incluyen este ingrediente, son bien evaluados.

Debido a esto, los políticos utilizan esta medida en situaciones delictivas que ha alcanzado niveles inaceptables. La bibliografía que explora el tema, advierte que los riesgos que implica delegar funciones eminentemente policiales a soldados, son altos. Algunos cuestionan la efectividad que conlleva esta medida y otros sostienen que los resultados dependen principalmente de la disposición a hacerle frente a los riesgos y los esfuerzos orientados a minimizarlos.

En artículos anteriores sugerí que era conveniente ampliar el acompañamiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, siempre y cuando la Policía mejorara significativamente en ciertas áreas. Sin embargo, en vista de que el papel que se le pretende asignar en la actualidad es mucho más ambicioso del inicialmente contemplado, es necesario profundizar el análisis y examinar cuáles son los peligros de la nueva misión asignada. La responsabilidad más delicada que pretende otorgar el Presidente al Ejército es la seguridad al interior de los presidios.

Muchos analistas concuerdan en que las actuales autoridades del gabinete de seguridad han concentrado su estrategia antidelincuencial en negociar secretamente con los principales cabecillas pandilleros. Un efecto colateral inmediato de esta medida, como he explicado en el pasado, es el fortalecimiento de la cohesión y subordinación de los miembros de pandillas hacia sus mandos, dentro y fuera de las prisiones. Algunos expertos en el tema de seguridad aseguran inclusive que el reciente despido masivo de personal penitenciario se debe a la preocupación de las autoridades de que sus negociaciones y vínculos serán revelados a los efectivos castrenses.

Si esta situación es cierta, los contigentes militares ingresarán a un ambiente complicado, en donde sus supuestos aliados en el terreno probablemente tengan arreglos encubiertos con los internos, miembros de una estructura cohesionada y organizada. Esto incrementará el riesgo para los soldados y los expondrá a la posibilidad de ser persuadidos a colaborar con grupos delictivos. Esto, a su vez, abre la posibilidad para que los pandilleros infiltren a la Fuerza Armada y tengan acceso a equipo, armamento e información muy peligrosa.

La infiltración se vuelve aún más probable al considerar que, según declaraciones de los titulares de Defensa, la Fuerza Armada no cuenta con los efectivos necesarios para desarrollar esta misión y, por lo tanto, iniciarán un proceso acelerado y masivo de reclutamiento para cumplir con los requisitos de personal. Al igual como ha sucedido en otras latitudes, este tipo de enlistamiento expedito puede ser aprovechado por las pandillas para inflitrar a sus miembros.

La penetración de los grupos pandilleros en la Fuerza Armada debe de ser explorada más a fondo, ya que constituye una amenaza latente al tomar en cuenta la nueva tarea que se le asignará. Adicionalmente, es necesario que otros temas relacionados a la nueva misión asignada a la institución castrense e igual de preocupantes sean discutidos y anticipados por los funcionarios correspondientes, para implementar iniciativas paralelas que contribuyan a reducir cualquier riesgo.

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