EDH-La calidad de la democracia

 Escrito por Luis Mario Rodríguez R. 19 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

Los aniversarios anuales de los gobiernos de turno, se miden, por lo general, a través de las obras de infraestructura construidas o iniciadas, los empleos generados, la reducción de los delitos y el crecimiento económico. Gobernar no es fácil y menos en un país polarizado, con déficit presupuestario, con una democracia joven y en el que las instituciones padecen de una atrofia constitucional que les impide fortalecerse. Así las cosas, demostrar eficiencia en el arte de gobernar, se convierte en un desafío casi semejante al que tienen aquellos que inician una empresa cuando lo único que poseen es la creatividad y el entusiasmo, careciendo del financiamiento, apoyo gubernamental y la seguridad jurídica que les permita constituir su negocio en un tiempo relativamente corto.

Pocos o ninguno de los gobernantes se arriesgan a apostarle, en el aniversario de sus mandatos, al fortalecimiento institucional. Cuando comparan el rédito político entre impulsar una ley de acceso a la información pública y anunciar créditos para sectores agrícolas que han estado descuidados y deprimidos, o entre solicitar a la Asamblea la reforma a la Constitución para elegir a los funcionarios de la Corte de Cuentas con mayoría calificada, u ofrecer seguridad social para las trabajadoras del servicio doméstico, o entre presentar con iniciativa presidencial una ley de partidos políticos o reformas al Tribunal Supremo Electoral o al sistema de elección de los diputados, u ofrecer mayor seguridad pública con la presencia de la Fuerza Armada; es natural, desde la óptica gubernamental, que se elija aquellas medidas que el electorado pueda identificar como acciones que resolverán en el corto plazo sus problemas.

Juzgar entonces la capacidad de respuesta de los gobiernos en base a medidas cuyos efectos tendrán sentido en el largo plazo, no se encuentra en el imaginario público, porque no se tiene conciencia de la importancia que representa para un país la calidad de su democracia. Y no quiere esto decir, que los políticos deben ubicar en un segundo plano a la economía, la seguridad o las finanzas públicas, sino que las instituciones deberían ser objeto de mayor atención y probablemente del mismo afán publicitario con el que se anuncian otros programas de gobierno.

Si los spots publicitarios promocionaran lo importante que es la transparencia en el uso de los fondos públicos; si explicaran cómo los partidos políticos y más bien, sus dirigentes, pueden abusar de los privilegios que les concede la democracia, cuando no existe regulación legal sobre el financiamiento que reciben; si entendiéramos que sólo reformando el sistema electoral podríamos forzar a los diputados a responder directamente a los votantes en la jurisdicción que los elige, y que entidades como el Consejo Nacional de la Judicatura o la Corte Suprema de Justicia, son instituciones de las que depende la justicia que se imparte a los ciudadanos que acuden a los tribunales; quizás así, podríamos generar una cultura política en la que los ciudadanos ubicáramos en el mismo plano de importancia, a la generación de empleo y la reducción de la pobreza, con la revisión del sistema democrático representado por el funcionamiento de las instituciones.

En la actualidad, los estudiosos de la política han identificado otros factores utilizables para medir la calidad de la democracia. Se ha agregado a los criterios como el del gobierno de la ley, transparencia y rendición de cuentas, libertad e igualdad, uno que probablemente es de más comprensión porque ubica en un primer plano a los administrados: entre más una democracia posibilita que los ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles que tomen decisiones acordes a sus necesidades y demandas, dicha democracia será de mayor calidad y viceversa (Cansino, 2008).

Evaluar un año de gobierno en base al apoyo que el Presidente de la República haya mostrado hacia la institucionalidad democrática, es una tarea que la sociedad civil debe tomar para sí, pues ni la generación de empleo, ni la reducción de la pobreza o el crecimiento económico, son más importantes que las instituciones mismas. Los consensos mínimos que otros estados han logrado cuando pactaron su regreso a la democracia, se basaron principalmente en aquellos anclajes que el sistema debía incorporar para impedir que el populismo, la corrupción y la falta de valores debilitaran las otras acciones orientadas al desarrollo económico y social. Cuando la Constitución de la República, como fuente de toda la legislación secundaria, establece con claridad los mecanismos que las instituciones deben utilizar para blindar la elección de sus titulares, garantizar su independencia y generar los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento, entonces los ciudadanos podemos tener la certeza que nadie, ni personas ni partidos políticos, estarán por sobre los mecanismos democráticos constitucionalmente establecidos.

Para que nos quede aún más claro: si tenemos en cuenta el deterioro de la seguridad en México con la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado; la manipulación de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua por parte de Daniel Ortega; la desconfianza de los venezolanos en el sistema electoral por la intromisión de Hugo Chávez en la autoridad que tiene a su cargo la organización de los comicios para elegir a sus autoridades, o el uso político de sus Fuerzas Armadas, o la aprobación de leyes abortistas o que permiten la unión de personas del mismo sexo, entonces comprenderemos con mayor claridad porque también es importante evaluar a los gobernantes en los esfuerzos que hacen por cuidar que las instituciones no se deterioren y premiar todas aquellas iniciativas que garanticen a los ciudadanos, entidades públicas que no estarán al servicio del partido de turno o del actuar de las mafias.

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