Escrito por Eduardo Torres.15 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
Pocos habrán de creer, a estas alturas del juego, de la "espontaneidad" de las marchas de cada día. La gente por lo general suele distinguir, con claridad, cuándo hay lugar para protestar y cuándo, como sucede en los países que se van decantando por el chavismo, pueden ser otros los móviles superiores de "las marchas". Viviendo en un país libre, válida es la protesta pública; derecho que se tiene, y esto es lo que nos diferencia con el mundo desarrollado, de no vulnerarse los derechos de los demás -como coartar el libre desplazamiento de la ciudadanía--, pues el bien público deberá estar siempre en estrato superior al bienestar privado. Que la población juzgue lo que acá acontece.
Debate de fondo, por otro lado, es el que se está iniciando con la presentación de las primeras reformas legales -a la Ley Penitenciaria- ante la Asamblea Legislativa tras el anuncio del presidente Funes hace una semana en la celebración del Día del Soldado, de un mayor rol de la Fuerza Armada en el combate a la escalada delincuencial que nos agobia. A pesar de que hay quienes argumentan todavía, con un año en el cargo, que la criminalidad es asunto heredado, pues no debería ser ese el tema de discusión sino si estamos como país ganando la lucha contra el crimen, en sus diversas vertientes o, caso contrario, si éste ha venido empeorando. Los estudios de opinión pública ofrecen una clara respuesta sobre ello.
El fenómeno del crimen organizado, en sus muchas variantes, avanza a nivel regional y global. La gran lucha en diferentes regiones, sobre todo en algunas como la nuestra que es ruta del narcotráfico del Sur hacia el Norte, es cooperación internacional y esfuerzo regional para lograr eficiencia, volviéndose vital la credibilidad entre colegas y agencias para los respectivos intercambios de información que se requieran. Particular preocupación causa este punto porque, según las informaciones que emanan, aparentamos retroceder en este esfuerzo. Tanto se ha disparado la escalada criminal, que haciendo uso de potestades legales la Presidencia de la República ha decidido hacer un mayor uso del Ejército en actividades de seguridad pública.
Y ese es el impostergable debate por realizarse en la Asamblea Legislativa, un debate verdaderamente de fondo: ¿Qué es lo que se requiere de las Fuerzas Armadas en los centros penales?; ¿qué tipo de entrenamiento requerirán y cómo se hará la coordinación al interior de las prisiones?; ¿con qué tecnología se apoyará el resguardo de las cárceles?; ¿qué otras reformas se requerirán, más allá de las de Ley Penitenciaria, para el marco legal que requerirán tropas y oficiales en el rol que desempeñarán en actividades de seguridad pública? Lo evidente, a estas alturas del partido, es que la cosa no va bien y que el Estado puede y debe, con la ley en la mano, intentar controlar la escalada criminal que nos agobia.
En ese marco de acción, las marchas por todo y por nada, tan habituales en los países que van decantándose por el chavismo, en definitiva que no abonan a la resolución del problema número uno de los salvadoreños: la inseguridad ciudadana. Fuera de inconveniencias como los descomunales atascos que por doquier causan, distraen enormes cantidades de recursos sobre todo de la Policía, afectándola en el desempeño global de su misión de proteger a la ciudadanía. Bien dice la sabiduría popular que en río revuelto, ganancia de pescadores...
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