La Audiencia Nacional Española había pedido información de 14 militares.Es la segunda vez en una semana que los magistrados toman una decisión, tras los enfrentamientos que están pasando.
Escrito por Edmee Velásquez.21 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a dejar de lado sus diferencias para tomar una decisión en torno al segundo caso con gran relevancia para el país. Por mayoría, negó enviar documentación y datos a un juez español sobre el proceso judicial contra 14 militares acusados de asesinar a seis jesuitas y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.
Con esto, el máximo Tribunal de Justicia pone fin al debate que se tenía de reabrir casos que ya fueron juzgados y el de revivir el debate sobre la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía.
La decisión se tomó con nueve de los 15 votos, cinco votaron a favor de la petición y hubo un abstención, la del presidente Belarmino Jaime. Fuentes judiciales confirmaron que los que votaron a en contra fueron Rosa María Fortín, Miguel Trejo, Lolly Claros, Evelyn Núñez, Néstor Castaneda, Ulices Guzmán, Rodolfo González, Mario Valdivieso y María Luz Regalado.
Entre los principales argumentos para denegar la solicitud fue que algunos de los 14 militares ya fueron juzgados por esos delitos, también que se ha extinguido la responsabilidad penal ya sea porque prescribió (término del plazo para investigar un hecho) o por la aplicación de la ley de Amnistía.
Asimismo se señaló que estos delitos cometidos fueron a consecuencia de la guerra y también porque el conceder esta cooperación afectaría los intereses esenciales del Estado porque la amnistía fue emitida para lograr la paz y la reconciliación.
Para el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices Guzmán, el fallo fue emitido de conformidad con los intereses del Estado y de conformidad con el derecho nacional.
"Sería un contrasentido que el Estado salvadoreño cooperara con un Estado extranjero para procesar a salvadoreños respecto que ya han sido eximidos de responsabilidad. Sería como someter la soberanía nacional", afirmó.
Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Néstor Castaneda, señaló que hubo asignado un equipo técnico que hizo un planteamiento con todas las normativas y las resoluciones que se han dado en los diferentes tribunales y que pese a llegar a un acuerdo de negar proporcionar la información a España, en los próximos días seguirán ordenando los argumentos que se plasmarán en el documento.
"Estamos en cuanto a la fundamentación revisando el orden de los argumentos y el equipo técnico seguirá trabajando para presentárnoslo el próximo martes (para firmarlo)", señaló.
La petición de enviar datos y documentación sobre el proceso judicial fue hecha por el magistrado juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco Núñez, el 20 de octubre pasado.
El proceso judicial se abrió en mayo de 2009 tras la admisión de una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) y por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, California.
El funcionario español solicitaba se le remitiera todo el proceso judicial del caso, así como permitiera tomar las declaraciones de 14 militares en el país, para luego ser enviadas a su tribunal.
Los militares encausados son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Helena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos, así como los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo, el cabo Ángel Pérez Vásquez y los soldados Óscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascencio.
En una primera resolución, después de tres sesiones discutiendo el tema, la Corte votó a favor de solicitar mayor información a España antes de emitir un fallo final.
Posteriormente, Velasco realizó una petición expresa al presidente para que le enviara las direcciones de los militares para poder citarlos y tomar sus declaraciones.
Esta información fue remitida por el magistrado Jaime, argumentando que fue una petición hecha a su nombre y no de la Corte Suprema de Justicia.
Por ese mismo caso, el viceministro de Seguridad, Henry Campos, y el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, que fueron fiscales en el caso, fueron a España a declarar ante la Audiencia Española, en noviembre de 2009. Blanco no estuvo presente durante la votación de ayer, por lo que llegó su suplente a participar en la diligencia.
elsalvador.com :.: Corte niega a España enviar datos sobre el caso Jesuitas
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