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2010/05/11

EDH-Agresiones al Estado de Derecho

Escrito por Mauricio Alfredo Clará.11 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

En el momento en que vivimos, los salvadoreños debemos darnos cuenta que el Estado de Derecho asegurado por la Constitución, ha iniciado su desmoronamiento. El hecho se produce inadvertidamente como un cáncer. Debe recordarse la prolongada lucha histórica librada contra los poderes de la época, para implantar el Estado de Derecho en la era moderna. El sistema de pesas y contrapesas representa la columna vertebral del referido Estado, y sus principales nutrientes jurídicos el constitucionalismo y el Derecho Administrativo.

En ese sistema, el Poder Legislativo encarna la voluntad del soberano por representación. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y entes autónomos, no tienen más facultades que las expresamente establecidas por la ley. La legalidad en el Estado de Derecho se ha erigido como derecho subjetivo, como garantía y como principio rector frente a la función pública estatal. Igual acontece con los funcionarios del Poder Judicial.

Asunto grave contra el Estado de Derecho ocurre cuando la rebeldía, desacato o rebelión emana de los mismos funcionarios del gobierno central o descentralizado -–autónomas-- contra las leyes. Esa rebelión está ocurriendo y reclama atención inmediata y apropiada o caso contrario, el cáncer tendrá espacio para extenderse. La poca importancia demostrada hasta el momento ante el desacato de la ley, denota cuál es el concepto y valoración correspondientes de esos funcionarios respecto del Estado de Derecho y la legalidad.

Como típico ejemplo puede citarse la decisión de funcionarios que se negaron a acatar la Ley del Servicio Civil reformada. De acuerdo al texto legislativo los funcionarios están impedidos para dar por concluidos los contratos de servicios personales permanentes anteriores al decreto de reformas. El impedimento es legal y la rebeldía en su ejecución afecta de nulidad absoluta al acto infractor, sin menoscabo de daños y perjuicios.

Una comisión ministerial cuyas funciones han concluido, no ha satisfecho el derecho de petición que le formularon miles de cesanteados en plena Navidad y su resultado adquiere características fantasmales. Entre los rebeldes de la legalidad descrita hay abogados, que asumieron sus decisiones contra abogados para sumar deshonra al gremio.

Así, con agresiones en apariencia intrascendentes, se da por iniciada la destrucción del Estado de Derecho desde adentro de su misma organización y funcionamiento. ¿Y por qué el llamado de atención?, porque la Constitución organiza al Estado salvadoreño precisa y exactamente como Estado de Derecho, sujeto a ella y las leyes, y los funcionarios y autoridades que las desobedecen incurren en responsabilidad. No es deseable por el tiempo en que vivimos, que esa sea la línea de pensamiento de aquellos que ya se rebelaron para conducirnos a un Estado Arbitrario o de Poder.

Otras agresiones contra el Estado de Derecho pueden venir desde afuera de la organización estatal, como por ejemplo la masificación de la delincuencia y la falta de contención legal y oportuna. A este respecto puede observarse el impacto material negativo que se produce a la estabilidad del Estado en el orden económico y social en general. La contención de la criminalidad implica la colaboración ciudadana, siempre que esté garantizada a no sufrir como consecuencia de ella lesiones en sus bienes jurídicos.

Un sistema que demuestra incapacidad para responder al requerimiento anterior, también representa una forma de agresión al Estado de Derecho aun sin proponérselo. La Constitución sólo viabiliza al Estado de Derecho, único que asegura al ciudadano frente al poder estatal delegado en sus funcionarios, el ejercicio pleno de las libertades, garantías y derechos subjetivos conquistados en férrea lucha contra el autoritarismo. La implantación de otro tipo de Estado sería inconstitucional.

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