Escrito por Redacción. 18 de Mayo. Tomado de ContraPunto.
La madeja de la corrupción se desamarra cada vez más, dejando a flote las posibles suciedades de los gobiernos anteriores: ¿Habrá quien pague por los delitos?
SAN SALVADOR
- A principios de la presente década un entramado de corruptela en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sacudió a la opinión pública cuando se supo que un grupo de jefes había manoseado 30 millones de dólares. Diez años más tarde, los actos de corrupción siguen salpicando a ex funcionarios de ARENA.Recientemente, las autoridades del ministerio de Salud denunciaron que en predios del almacén central de ese ministerio, en Soyapango, habría al menos 300 toneladas de medicina enterrada, de la cual se habría desecho la administración de Salud, durante las presidencias de Francisco Flores y Antonio Saca.
Y para rematar, el ministro de Obras Públicas, Orlando Quinteros, dijo este lunes que se ha descubierto que en las arcas de esa institución faltan 20 millones de dólares, fondos que estaban previstos a invertirse en la construcción de la carretera Diego de Holguín.
Sorprendentemente, la administración del presidente Mauricio Funes, ha incluido entre sus planes de contratación de créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un nuevo préstamo para construir la segunda etapa de dicha carretera.
Los diputados, incluidos algunos de ARENA, se quedaron boquiabiertos durante la reunión con el ministro Quinteros, cuando escucharon que éste señalara semejante acto de corrupción que será denunciado esta semana ante la Fiscalía General de la República.
Milena Calderón de Escalón, dice que está preocupada porque la Corte de Cuentas ha repartido finiquitos sin tomar en cuenta posibles indicios de corrupción y a pesar de ello se entreguen tales finiquitos “con tanta facilidad” y por ello invitó a los diputados a analizar esa situación.
La Corte de Cuentas se encuentra desde hace muchos años en manos del PCN, partido que siempre ha negociado con ARENA la presidencia de esa institución.
Douglas Avilés, de Cambio Democrático también expresó su indignación por tal informe y propuso que se cree una comisión especial que indague el faltante millonario, para que deduzcan responsabilidades sobre un hecho “realmente grave”.
“Me llena un poco de pavor lo que usted acaba de mostrar ministro”, remató Avilés.
Los diputados del FMLN se han pronunciado reiteradamente para que el gobierno de Funes investigue el destino de los fondos que eran parte de la partida para construir el proyecto de carretera Diego de Holguín.
Además, que se indague el paradero de los fondos que estaban destinados para la construcción del Hospital de Maternidad, otro proyecto sobre el cual también se está negociando un nuevo préstamo con el BCIE.
“No es posible que nos estemos endeudando dos veces por las mismas obras”, reclamó en su momento Norma Guevara, al justificar la petición de investigación del destino que la administración de Antonio Saca le dio a esos fondos.
Quinteros además se refirió a otras anomalías, dijo que se ha descubierto que por la carretera Diego de Holguín se realizó un laudo arbitral, es decir, un juicio no jurídico que se solventa entre tres árbitros nombrados por las partes por el incumplimiento de cláusulas de los contratos.
El laudo se inclinó a favor de la empresa constructora, como era de esperarse dijo el ministro, por más de siete millones de dólares y, además, las autoridades de entonces desembolsaron a favor de esa empresa otros cinco millones de dólares.
Aparte de ello, dijo que el MOP mantiene una deuda de aproximadamente 30 millones de dólares con empresas a las cuales contrató por proyectos que no fueron mencionados.
El cargamento de medicinas
El alijo de medicinas, entre los cuales se encuentran cancerígenos, que fueron encontrados en los almacenes centrales del ministerio de Salud en el cantón El Matazano de Soyapango, al oriente de San Salvador, aún no está valorado.
Pero las autoridades de Salud esperan que la Fiscalía General de la República haga una investigación que ayude a determinar ese valor.
Sin embargo, pese al optimismo de Salud sobre el inicio de las investigaciones del cargamento de medicinas enterradas en los últimos 10 años y descubierto recientemente, el antecedente sobre otras 145 toneladas de medicinas vencidas descubiertas en almacenes del Seguro Social el año pasado, no es nada alentador.
Al menos públicamente, de ese caso no se sabe si se abrió el respectivo expediente, aunque la denuncia fue puesta por el director del ISSS, Óscar Kattán.
Se presume que el entierro de medicinas por parte de empleados que dijeron atender órdenes superiores para hacerlo, se dio para favorecer a las empresas farmacéuticas que dominan el mercado en El Salvador.
El vice ministro de Salud, Eduardo Espinoza, dijo recientemente en un evento público, que Salud y el ISSS destinan 150 millones de dólares anualmente en la compra de medicinas y que tras llegar al poder el nuevo gobierno, las nuevas autoridades de Salud descubrieron que el 75 por ciento de las licitaciones estaban arregladas a favor de seis empresas, las cuales pertenecen a la familia Saca o la familia Cristiani.
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