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2010/05/10

Contra Punto-Medicamentos: ¿derecho o mercancía?

El debate sobre la propuesta de Ley de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está poniendo de relieve el carácter dual de estos productos. Son, a la vez, un derecho ciudadano y un rentable negocio.

Escrito por Fernando de Dios.10 de Mayo. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – María Echeverría vende dulces y refrescos en un puesto callejero en la Alameda Roosevelt, en las cercanías del Estadio Jorge “Mágico” González. Junto a su hija y a su nieta, cuenta que hace poco a su mamá empezó a dolerle el cuello. “Mucho ha trabajado mi mamá”, dice María.

Llevó a su madre a la unidad de salud, pero no había medicamentos.

“Allí sólo Aminofén te dan”, dice María, en referencia a un analgésico general. Terminaron en la clínica de un médico privado, que les recetó medicamentos.

“Por dos cajitas de pastillas y tres inyecciones, 50 dólares me costaba”, cuenta la vendedora. María Tuvo que prestar dinero para cubrir el tratamiento.

El caso de María ilustra una situación que, en el área de salud, vive a diario la población de El Salvador, sobre todo la de menos recursos, con poca capacidad para costear medicamentos tan caros.

Medicamentos por las nubes

La Comisión de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa debate estos días el proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, presentado el pasado 20 de febrero por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La propuesta plantea una serie de medidas para paliar la situación de altos precios y baja disponibilidad de medicamentos en el país. A la Asamblea Legislativa han llegado otras cinco propuestas de ley de medicamentos desde el año 2002.

Los principales puntos del proyecto presentado por el ministerio establecen la regulación de precios, responsabilidad del MSPAS del control de calidad y registro de los medicamentos y la regulación de otros aspectos, como la publicidad o la prescripción médica.

Los medicamentos son el segundo rubro del gasto en salud para el sector público, tras los salarios de los trabajadores, con alrededor de $150 millones el pasado año, según el MSPAS.

El estudio “Disponibilidad y Precios de Medicamentos Esenciales en El Salvador”, realizado en el 2006 por el Observatorio de Políticas Públicas en Salud del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (Censalud), de la Universidad de El Salvador (UES), concluyó que los precios de las medicinas en el país son los más altos de América Latina y están entre los más altos del mundo.

Este trabajo utilizó una metodología diseñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización Health Action International (HAI), que propone una lista de medicamentos esenciales a nivel mundial a los que se añaden otros teniendo en cuenta las características epidemiológicas de cada país.

El trabajo determinó que los medicamentos son el principal gasto en salud de la población. Para las familias con menos recursos, la compra de medicamentos supone entre el 80 y el 90 por ciento de su gasto en salud y les impide satisfacer otras necesidades básicas como alimentación o vestido.

La enfermedad, por tanto, sobre todo si es grave o crónica, es causa de mayor empobrecimiento y descenso en la escala social, afirma el estudio.

De acuerdo al informe, el precio promedio de los medicamentos de marca en El Salvador multiplica por 52 el precio internacional de referencia, y los genéricos por 28. La OMS estima que con un precio de venta al público que multiplique por 5 al precio internacional de referencia, toda la cadena de producción y distribución podría cubrir sus costos y obtener unos beneficios aceptables.

El estudio concluye que un 83,5 por ciento del precio que se paga en una farmacia por un medicamento “innovador”, es decir de marca, corresponde al margen de ganancia de los distribuidores, es decir, droguerías y farmacias.

En el caso de los medicamentos genéricos —fabricados con el principio activo de los de marca, y más baratos— la cadena de distribución se queda, en promedio, con el 84,5 por ciento, según el estudio.

Por ejemplo, para el caso del medicamento Ranitidina, el estudio concluye que, en promedio, su precio de venta es de 29 dólares y 7 centavos. De ellos, 27 dólares y 25 centavos se quedan en las farmacias y droguerías.

En el sector público, la disponibilidad en hospitales y unidades de salud de los medicamentos estudiados fue buena solamente para el 44 por ciento de los consultados, y en el ISSS sólo para el 58 por ciento.

La propuesta del ministerio

El responsable de dirigir el estudio de la UES fue el Dr. Eduardo Espinoza, que hoy ocupa el cargo de viceministro de Salud. Él se involucró de lleno en la gestación del Anteproyecto de Ley de Medicamentos que el pasado 20 de febrero presentó el MSPAS a la Asamblea Legislativa.

El proyecto convierte al MSPAS en el centro del control del registro, la calidad y los precios de los medicamentos, competencias hasta ahora en manos del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

Según el viceministro, “en todas partes del mundo, todo el proceso está concentrado en la autoridad sanitaria del país, que es el ministerio de salud”, pero en El Salvador, las competencias están repartidas.

El control de calidad y el registro del medicamento están en manos del CSSP, mientras que el ministerio se ocupa del monitoreo posterior al registro, realizando controles de calidad periódicos en las farmacias.

La propuesta del MSPAS establece la creación de “una dirección encargada de medicamentos, lo que supondría también un fortalecimientos de nuestro laboratorio de control de calidad”, según el viceministro. Asegura que ya se ha gestionado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar equipamientos y personal de ese laboratorio.

El anteproyecto de ley propone la creación de otros tres organismos que irían encaminados al monitoreo de otras áreas relacionadas con los medicamentos, entre ellas un Consejo Nacional de Medicamentos (CNM), que asesoraría al MSPAS en políticas relacionadas con los medicamentos, la más importante de ellas, la de precios.

Otro ente, el Comité Farmacoterapéutico Nacional, sería el encargado, entre otras cosas, de redactar el Listado Unificado de Medicamentos Esenciales para El Salvador.

¿Cómo se regularán?

El proyecto de ley no establece mecanismos claros de regulación de precios, sólo que el CNM podrá asesorar al MSPAS en esta materia y que sólo se rebajarán con autorización expresa del ministerio de Economía.

En el proyecto de ley, dice Rodolfo Canizález, presidente del Colegio Médico, “no encontramos un mecanismo real y efectivo de fijar un precio accesible a la población y que dicho precio permanezca bajo”.

Según el viceministro de Salud, la regulación de precios se aplicará de forma gradual y podría rebajar aproximadamente a la mitad el precio de los medicamentos.

“La regulación de precios incidiría en el mercado de forma gradual, pero probablemente tendríamos, en lugar de 52 veces el precio internacional de referencia, si se tiene un control efectivo, podríamos bajar a unas 20 veces el precio internacional de referencia”, asegura Espinoza.

La industria farmacéutica ha mostrado su oposición frontal a la medida.

La directora ejecutiva de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), Carmen Estela Pérez, señala que el modelo económico que la Constitución de la República establece es el libre mercado, y que la regulación de precios entra en conflicto con esta disposición.

“Estamos bajo un sistema de libertades y entrar a este tipo de regulaciones es cambiar las reglas del juego, porque es cambiar el sistema e ir en contra de la Constitución” afirma la representante de Inquifar.

Pérez cuestiona que los medicamentos fabricados en El Salvador sean caros. Su opinión es que la carestía es resultado de los altos precios que imponen las transnacionales del sector para sus productos innovadores, protegidos por patentes.

También que, comparado con otros países de Centroamérica, en El Salvador es más caro producir, de ahí los precios más caros.

“La capacidad adquisitiva es mayor. (...) Es un mercado donde cuesta mucho fabricar las cosas. Es una economía dolarizada, tenemos un salario mínimo entre los más altos de la región, tenemos que cubrir más costos”, afirma la representante de la industria.

Pérez teme que se concentre la regulación en el sector local de producción.

“De un plumazo se pueden echar un sector industrial que genera 6 mil empleos directos y que es el segundo rubro en exportaciones no tradicionales”, augura la directora ejecutiva de Inquifar.

Esas ventas, según Pérez, registraron $110 millones en el 2008.

La manzana de la discordia: el registro de medicamentos

Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa del MSPAS es que este ministerio adquiere la competencia del registro de medicamentos.

Hasta ahora el registro ha sido controlado por la industria en el seno del CSSP.

Dentro del CSSP, la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, además de velar por el correcto desempeño de esa profesión, es la que en

 

“Estamos bajo un sistema de libertades y entrar a este tipo de regulaciones es cambiar las reglas del juego", afirma la directora ejecutiva de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), Carmen Estela Pérez.

primera instancia decide sobre el registro de los medicamentos.

“La gente que se encarga de dictaminar en el Consejo sobre el registro o no de determinados productos es gente que está ligada a la industria farmacéutica. Seis de diez (miembros del Consejo) tienen conflicto de intereses”, afirma el Viceministro de Salud.

Y continúa describiendo cómo, en su opinión, funciona esta institución:

“La tónica que hay es que cuando un medicamento va a competir con los que ya están comercializados, sobre todos si son de los laboratorios que están representados en el Consejo [el CSSP], entonces ese medicamento duerme el sueño de los justos y jamás lo registran. Cuando es un medicamento de uno de esos laboratorios lo registran rápidamente sin ningún problema”.

Para la directora ejecutiva de Inquifar, el CSSP es la institución más democrática del país: “Las Juntas de Vigilancia las eligen los profesionales. Los 23 representantes en el Consejo son elegidos desde ahí. Ellos mismos son los que dicen quién los va a regular”.

A esto, el Viceministro objeta que “aunque sean electos por el gremio, la industria tiene un peso importante ahí y vela porque los representantes del gremio estén ligados a sus intereses”.

Sin embargo, Pérez asegura que, según la propuesta del ministerio, el registro “va a estar a cargo de un director, una persona. Lo que ahora pasa por muchas cabezas, técnicas en el tema, va a pasar por una persona”.

Debate de intereses

La derecha y la izquierda en el Congreso se acusan mutuamente de velar por intereses oscuros, en torno al proyecto de ley.

El diputado de ARENA Enrique Valdés afirma que “detrás de esto hay una actitud perversa, un interés del FMLN de promocionar los productos cubanos. Quieren montar el ALBA Medicamentos como montaron ALBA Petróleos”, una referencia directa a la empresa creada por alcaldes del FMLN que importa y comercializa combustible adquirido a precio preferencial del gobierno del venezolano Hugo Chávez, odiado por la derecha local por su “Socialismo del Siglo XXI”.

El diputado del FMLN Guillermo Mata Bennett, también miembro de la citada comisión, acusa a los grupos de derecha de defender los intereses económicos de los grandes empresarios del sector.

“El distribuidor más grande y el importador más grande de vacunas en nuestro país es la droguería Santa Lucía, que el dueño es el señor (Alfredo) Cristiani. Ellos están defendiendo este rubro para que el señor Cristiani siga ganando lo que quiera”, afirmó Mata Bennett, en referencia al ex presidente de la República (1989-2004) y ahora presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena).

Margarita Posada, directora de Alianza contra la Privatización de la Salud (Apsal), denuncia la aprobación de un artículo de la ley que deja fuera de la regulación algunos medicamentos esenciales. Según ella, son los medicamentos más caros para la población y más rentables para la industria.

“Estamos hablando de sacar los medicamentos para la diabetes, la insulina, todas las vacunas, cuando esto afecta a personas con diabetes o cáncer”, afirma la directora de Apsal.

Posada se refiere al artículo 3 de la ley, aprobado por la Comisión el lunes 26 de abril con los votos de los cuatro grupos de derecha y la oposición del FMLN, y que deja fuera varios medicamentos.

“Las vacunas, las inmunoglobulinas, los medicamentos inmunosupresores (…) quedan fuera de la ley, y son los más caros. Además de una serie de productos sanitarios”, dice Espinoza, refiriéndose, por productos sanitarios, a las máquinas de diagnóstico que se utilizan en los hospitales.

¿Escepticismo o realismo?

Mientras el FMLN apoya la propuesta del MSPAS, en general, los diputados de GANA y ARENA la critican, por estatista, dicen. Ambos se muestran contrarios a la regulación de precios y a que el ministerio adquiera las competencias de registro de medicamentos y control de calidad.

Las propuestas del bloque de derecha para reducir precios van encaminadas a eliminar impuestos como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) o el de importaciones, y a eliminar prácticas fraudulentas en el mercado. Ninguno menciona atacar los márgenes de ganancia de droguerías y farmacias.

La aprobación de la ley necesita el voto de 43 diputados. Si la derecha se mantiene unida en un solo bloque, logrará una ley cortada a sus intereses, y con los 18 votos de ARENA, 14 de GANA, 10 del Partido de Conciliación Nacional y 5 del Partido Demócrata Cristiano (5), tendrían 47 votos.

El FMLN necesitara que 8 diputados se sumen a los 35 que tiene para imponerse.

El ritmo al que van las negociaciones hace ser escéptico al diputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés.

“En la redacción de la ley, sólo hemos avanzado en tres artículos y tres artículos que son bastante desafortunados, porque se quedan cortos”, asegura Avilés. Y augura que “no vamos a dar la mejor ley”.

Y agrega: “No creo que vayamos a dar una ley en esta legislatura”.

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