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2010/05/14

Contra Punto-Continúa campaña de desinformación

Escrito por Luis Armando González.14 de Mayo. Tomado de ContraPunto.

Las exigencias éticas en el periodismo salvadoreño rara vez son cumplidas, salvo excepciones dignas de encomio

SAN SALVADOR-Lamentablemente, la práctica de la desinformación no es castigada por ley, porque si así lo fuera quizás las grandes empresas de comunicación del país tendrían más cuidado y serían más prudentes cuando divulgan hechos y acontecimientos de relevancia pública. La ética periodística –y las obligaciones propias de la profesión— deberían ser un dique de contención a la propensión a desinformar, ahí donde esa propensión –por las razones que fuere— se hace presente. Ya se sabe: las exigencias éticas en el periodismo salvadoreño rara vez son cumplidas y, salvo excepciones dignas de encomio que corren por cuenta de medios de comunicación alternativos, lo usual es su incumplimiento sistemático por parte de las grandes empresas mediáticas.
En estos momentos, asistimos a una campaña de desinformación que viola las exigencias éticas elementales de un periodismo serio, maduro, responsable y comprometido con la legalidad democrática. Esta campaña tiene a dos protagonistas principales: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, aunque secundados por un coro de voces mediáticas que, consciente o inconscientemente, se han plegado a aquella campaña, aportando su propia cuota de desinformación al esfuerzo mayor realizado por los dos matutinos señalados.
En el marco de esa campaña –que tiene como finalidad demostrar al Órgano Judicial y a la Corte Suprema de Justicia que el poder mediático no sólo es intocable, sino que es capaz de doblegar, mediante presiones sistemáticas, a la administración de justicia— se han montado frentes de ataque a partir de determinados hechos y situaciones que, manipulados convenientemente, son usados para desprestigiar a quienes –desde la óptica mediática— se percibe como “enemigos” de las grandes empresas de comunicación.
Recién celebrada la Convención Judicial 2010, se desinformó abiertamente a la ciudadanía, haciéndole creer que el evento había sido realizado con la finalidad de atacar a los medios y tergiversando el contenido de una encuesta nacional para jueces y juezas, cuyos resultados –referidos a un total de 32  preguntas— fueron divulgados en el marco de la mencionada convención.
La Convención Judicial y la encuesta siguen siendo objeto de desinformación, sólo que ahora están sirviendo para atacar doblemente a la Magistrada de Cámara, Doris Luz Galindo: se la quiere apartar del caso que involucra a La Prensa Gráfica y se quiere sabotear sus posibilidades de integrar el Consejo Nacional de Judicatura (CNJ). Lo primero es una demanda expresa del periódico citado; lo segundo, no es tan expreso, pero es relativamente fácil de colegir a juzgar por la relación que este medio establece entre su “enemiga”, la Convención Judicial, la encuesta a jueces y juezas y las elecciones para el CNJ.    
Según Arístides Perla, abogado de La Prensa Gráfica, “creemos que la magistrada presidente de esta cámara, Doris Rivas Galindo, se debe apartar de conocer el recurso de apelación por haber sido la organizadora de la V Convención Judicial Nacional que se llevó a cabo el día 19 de abril y por haber participado en la mesa donde se divulgó una encuesta donde se considera que los medios de comunicación amenazan la independencia judicial” (La Prensa Gráfica, viernes 7 de mayo de 2010, p. 2).
De nuevo, el afán de desinformar y de torcer los hechos es lo que más llama la atención. Detrás de lo que dice creer el abogado del matutino está el supuesto –absolutamente falso— de que la Convención Judicial fue realizada –al igual que la encuesta— para atacar a los medios y para defender a la jueza segunda de menores, María Isabel Ponce.
La fecha de  la convención había sido fijada –en sintonía con la lógica y tiempos de otras convenciones— antes del caso del asesinato del menor Carlos Garay y del conflicto entre La Prensa Gráfica y la jueza segunda de menores.  Asimismo, la batería de preguntas de la encuesta, aparte de no tener como finalidad principal el tema de los medios, fue diseñada previamente las situaciones señaladas. Hacer creer a los ciudadanos y ciudadanas que la Convención Judicial 2010 --y la encuesta a jueces y juezas-- fue organizada para atacar a los medios es torcer las cosas –y torcerlas con una enorme dosis de paranoia— de manera consciente.
De la misma manera, se tuercen las cosas cuando se pretende descalificar, en su capacidad de juzgadora, a la magistrada Rivas Galindo por haber sido parte de la comisión organizadora de la Convención Judicial 2010. Al respecto, también hay mucha desinformación: la Convención Judicial no fue organizada por la magistrada Rivas Galindo, sino por la Mesa Judicial de la cual ella –junto con otros jueces y juezas— es integrante.
La Convención Judicial 2010 tampoco fue presidida –como mal informa El Diario de Hoy en su edición del miércoles 5 de mayo— por la magistrada Rivas Galindo, sino por la Mesa Judicial en pleno, encabezado por su Director Ejecutivo, el Magistrado Miguel Ángel Cardoza. Es precisamente la Mesa Judicial la que, por mandato de los jueces y las juezas de la República, organiza las convenciones y da viabilidad a los temas a ser discutidos en cada convención. En la Convención Judicial 2010 los temas centrales fueron “Independencia judicial, transparencia y autogobierno” y la encuesta a jueces y juezas se hizo con el propósito de explorar esos temas –y no para atacar a los medios de comunicación—.
La ética periodística sería reivindicada si los profesionales del periodismo se informaran debidamente de los hechos y no desinformaran abiertamente a la población. En La Prensa Gráfica –en la nota citada arriba—se lee lo siguiente. “Perla [el abogado del periódico] dice que se enteró de que Rivas Galindo era organizadora de la convención judicial hasta el día de ayer, por medio de publicaciones periodísticas. ‘Este abogado, no tenía la obligación de saber quiénes eran los organizadores, ponentes, propuesta, contenido de la V Convención Judicial que se desarrolló el día 19 de abril’, justifica” (La Prensa Gráfica, Ibíd.).
Doble violación ética: al periodismo y al derecho. Al derecho porque el abogado del periódico sí tenía la obligación de conocer bien los hechos relevantes de su caso. ¿Cómo puede fundamentar su acusación contra la jueza Rivas Galindo si no conoce la situación y el hecho que la sostienen?
El abogado del periódico, además, se enteró tarde y mal de lo que supuestamente justifica su cuestionamiento a Rivas Galindo: es cierto, la magistrada de la Cámara de Menores de San Salvador fue organizadora de la Convención Judicial 2010, pero fue una de las organizadoras y lo hizo en su calidad de integrante de la Mesa Judicial. A los periodistas que cubrieron las declaraciones del abogado –violando las normas de la ética periodística— no se les ocurrió indagar sobre esto –a lo cual estaban obligados-- y tampoco se les ocurrió cuestionar lo débil del argumento del abogado; antes al contrario, le dieron el espacio para que se justificara.
Así nos va en este país con la desinformación que se suma a otro cúmulo de males que parecieran no tener solución. Tan grave es la situación del país que las energías que se gastan en desinformar deberían encauzarse hacia la búsqueda de soluciones para los problemas nacionales más acuciantes, como la violencia, la exclusión socio-económica, la impunidad, los abusos de poder, la corrupción, entre otros. La desinformación no hace ningún bien a la sociedad; más bien, pervierte los criterios de valoración y de juicio de los ciudadanos y ciudadanas.
La desinformación traiciona la verdad y mienten quienes, aunque dicen buscar la verdad, ocultan hechos de la realidad, los deforman, manosean o mezclan de forma malintencionada. También la desinformación traiciona a las víctimas cuando, como en el asesinato del joven Carlos Garay, desde El Diario de Hoy se insiste en sostener que el juicio seguido a La Prensa Gráfica por difundir la fotografía y datos personales de su presunto asesino –el menor Jonathan D.— significa que al tribunal que ve el caso no le importan “ni los derechos de las víctima ni de su madre o familia” (El Diario de Hoy, miércoles 5 de mayo de 2010, p. 8). Eso es absolutamente falso no sólo porque el proceso a Jonathan D. por el homicidio del joven Garay no se ha detenido, sino que es independiente de cómo se resuelva el caso de La Prensa Gráfica, cuyo delito específico fue haber violado la ley del menor infractor.

Continúa campaña de desinformación

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