19 de Mayo. Tomado de Diario Co Latino.
La primera acción de Laura Chinchilla, como Presidenta de Costa Rica, fue prohibir la minería metálica. Minutos después de tomar posesión del cargo, a un lado de la tarima, se reunió improvisadamente con sus ministros para revertir el decreto de su antecesor –Óscar Arias– que entregaba gran parte del territorio tico a las transnacionales extractivas.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes también prometió prohibir la explotación minera, en la carta abierta “Bienvenido Buen Pastor” –dirigida al Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas– en febrero de 2009. Dos semanas después, ratificó dicha promesa firmando una carta compromiso presentada por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Sin embargo, diferente a Chinchilla, quien cumplió su promesa el primer día de gobierno, Funes –cerca de celebrar un año en Casa Presidencial– sigue sin honrar este compromiso. Esto, a pesar de la permanente demanda de las comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas y prestigiosos actores de la Comunidad Internacional.
El Presidente ha reiterado varias veces que no permitirá proyectos mineros, pero no concreta su decisión aprobando un decreto ejecutivo o impulsando una nueva ley de minería. Alega que una normativa anti minera es innecesaria, porque “su palabra es suficiente”. Mientras, realiza una evaluación ambiental estratégica para determinar la viabilidad o inviabilidad de esta nociva industria en el país.
Al mismo tiempo, Funes –junto a su secretario técnico y los ministros de Medioambiente y de Economía– evita referirse en público a la demanda de Pacific Rim, que exige al Estado 100 millones de dólares por negarle permisos de explotación. Tampoco presiona a la Fiscalía General de la República para que investigue a todos los autores intelectuales y materiales de los atentados, amenazas de muerte y asesinatos en Cabañas.
De igual manera, el Ejecutivo aún no protesta formalmente –a través del Ministerio de Relaciones Exteriores– ante el Estado guatemalteco por la instalación de una mina, a sólo dieciocho kilómetros de nuestra frontera. Ésta podría contaminar el Lago de Güija y el Río Lempa con cianuro, metales pesados y drenaje ácido.
Lo que sí hace el Gobierno del Cambio es acelerar la suscripción de un tratado de libre comercio con Canadá, que podría estar listo en el mes de julio próximo, según fuentes del Ministerio de Economía. Este acuerdo, negociado en un 85%, podría favorecer a las empresas mineras, que representan la mayor inversión canadiense en la región centroamericana.
Por tanto, cualquier evaluación sincera y constructiva del primer año de la Administración Funes debe cuestionar su actitud ante el problema minero y el actuar deficiente frente a toda la problemática ambiental, heredada de los nefastos gobiernos de ARENA. Situación que coloca al país como el más vulnerable del mundo, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), presentado el 30 de abril recién pasado.*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Un año de espera* | 19 de Mayo de 2010 | DiarioCoLatino.com - Más de un Siglo de Credibilidad
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