Redacción.14 de Mayo. Tomado de Diario Co Latino.
El 14 de mayo, es una fecha dolorosa para las familias que perdieron a un ser querido en la masacre del Sumpul. Hoy se cumplen 30 años de aquel macabro hecho, y la justicia para las víctimas no llega.
Según los datos históricos, el 14 de mayo de 1980 murieron alrededor de trescientas personas civiles a manos de la extinta Guardia Nacional (GN) y la Organización Democrática Nacional (ORDEN), vinculada al Parido de Conciliación Nacional (PCN).
La masacre se ejecutó con la ayuda de militares de la vecina nación de Honduras.
Los civiles ejecutados huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en Las Aradas, Chalatenango, por efectivos del destacamento militar No. 1, la Guardia Nacional y ORDEN, cuando fueron atacados.
Durante dos días, los contingentes armados habían llevado a cabo hechos de violencia en los caseríos cercanos sobre el río Sumpul, utilizando artillería pesada y helicópteros en su operación antiguerrillera.
Restos humanos.
Esto generó que los pobladores huyeran de los caseríos. Pero los que huían no eran los de la guerrilla, sino los pobladores asustados cuyas casas habían sido destruidas y temían por sus vidas.
Huían con sus pertenencias, algunos sin nada, sólo con sus familias y la meta de cruzar el “puente de hamaca” que les ayudaría a evitar las aguas del río Sumpul y llegar a Honduras para ponerse a salvo.
Sin embargo, al llegar al río, el panorama se puso difícil. Ese día, el Sumpul había crecido por las lluvias y tuvieron que cruzarlo a nado o a pie, o con ayuda de otra persona. Al llegar al otro lado, militares hondureños los obligaron a regresar. La mayoría así lo hizo, pero la muerte los esperaba de vuelta en El Salvador.
El gobierno en turno, no mencionó el violento hecho hasta un año después.
Sin embargo, una periodista de origen chileno llegó al lugar cuando se enteró de lo que había pasado. Según el testimonio, la periodista Gabriela Sanhueza Suárez, estaba en Costa Rica y junto a otra colega, con la ayuda de personeros de Amnistía Internacional, cruzó las fronteras para llegar hasta la zona de la masacre, su fin era recolectar información de lo que había pasado.
Según su propio testimonio, al llegar recolectó información con pobladores que contaron lo que pasó con el ejército y los pobladores, cómo asesinaron y las torturas que sufrieron las “mujeres antes de recibir un tiro de gracia”.
“Ese día recogimos relatos dantes-cos y que eran casi imposibles de creer, los pocos campesinos que lograron cruzar el río Sumpul fueron devueltos amarrados por los soldados hondureños a El Salvador donde fueron asesinados”, revela la periodista, en un escrito enviado a este vespertino.
La periodista chilena recuerda que con lo recolectado, se logró hacer un documental de la masacre, aunque acepta que no ha sido suficiente para encontrar una reparación.
La justicia que no llega
Nunca se abrieron investigaciones oficiales y los culpables nunca fueron señalados.
Tutela Legal del Arzobispado, el día 26 de octubre de 1992, presentó una denuncia judicial escrita sobre las ejecuciones masivas de personas ante el Juez de Primera Instancia de Chalatenango.
Esta denuncia fue presentada por varias víctimas, en su calidad de sobrevivientes de las ejecuciones masivas de personas y con la asistencia jurídica de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
En la presentación de la denuncia las víctimas aseguran la participación en los actos cometido a funcionarios y autoridades militares de alto rango, lo que amerita una especial investigación de parte del órgano judicial.
Se trató de una ejecución donde se involucra a la Guardia Nacional y los miembros del ejército, que realizaban un operativo militar de carácter oficial y no se trataba de una acción particular, en la que el Estado no tuviera responsabilidad.
A pesar de la denuncia, los involucrados no han comparecido ante los tribunales.
Tutela Legal del Arzobispado, en un comunicado emitido en el marco de la conmemoración del 30 aniversario, exhorta a las autoridades de justicia a indagar este caso y que se conozca la verdad.
“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno de El Salvador debe de promover las investigaciones judiciales al respecto, cuidando que estas investigaciones se lleven a cabo de manera independiente por las instituciones correspondientes, especialmente por la Fiscalía General de la República, brindando toda la colaboración que ésta requiera para el esclarecimiento de los hechos”, indica el comunicado.
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), instaló hace algunos meses un Tribunal de Justicia Restaurativa.
Los fallos emitidos luego de días de testimonios, ordenan la necesidad de esclarecimiento y compensaciones a las víctimas civiles y a sus familias. Aunque simbólico, este tribunal incluyó el caso de la masacre del Sumpul y las familias de los masacrados y de los sobrevivientes aún esperan que se los culpables sean llevados a la justicia.
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