Escrito por Ramón D. Rivas.07 de Mayo. Tomado de Diario Co Latino.
Recalco, una vez más, que nadie va a proteger nada ni mucho menos apropiarse de algo si no se le ha enseñado lo que es o lo que vale. Eso implica que, para El Salvador, la educación y los medios de comunicación, estatales y privados, tienen una obligación fundamental en la promoción y difusión del patrimonio cultural nacional. Por lo tanto, es necesario que la población y las autoridades tomen en cuenta que dicho patrimonio está diseminado a lo largo y ancho del país y que es material e inmaterial, y que pertenece al pasado, al presente y al futuro y que va más allá de las visiones limitadas a las que nos tienen acostumbrados.
Quiero, en esta última entrega sobre este tema, preguntarme y a la vez responderme: ¿Bueno, y cómo podemos proteger nuestro patrimonio cultural? No es fácil, pero si se quiere se puede. Nuestro patrimonio podemos protegerlo de diversas maneras. Pero eso sí, debe existir primeramente la disponibilidad de todas las personas, los sectores e instituciones que conformamos la sociedad. Por supuesto que la tarea no es solo de una institución; es de todos. La primera medida consistiría en difundir su existencia a toda la comunidad; el conocimiento y la comprensión del patrimonio cultural.
Los alcaldes, por ser los que viven cerca de las comunidades, tienen un papel preponderante en este sentido. Esta difusión es el mejor seguro que pueda tener nuestra cultura, pues, mientras más entienda la gente que es parte de su historia y que de ella, se pueden forjar muchas cosas, entre ellas el desarrollo y la identidad nacional. A eso es a lo que le estamos apuntando: al conocimiento y desarrollo de ese sentimiento identitario.
Pero para ello hay que conocer lo que tenemos. Una buena manera de divulgar el valor de nuestro patrimonio cultural es trabajando —sobre todo con los niños—, a través de una política organizada o por lo menos dirigida por el Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura, las universidades, la sociedad civil organizada y aquellas organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplen metas educativas. ¿Por qué los niños, el Estado, las universidades y las ONG? Porque los niños tienen menos prejuicios y es más fácil que aprendan a querer su patrimonio; además, por el simple hecho de que ellos son el futuro y de que el Estado es el llamado a cumplir con una política organizada que cubra el progreso cultural de todo el pueblo.
Soy de la opinión de que parte de esa política es tener un plan sobre el conocimiento de la historia cultural del país, de instrucción pública, a corto, mediano y largo plazo, y que además tiene el deber irrenunciable de proteger y administrar lo que pertenece a la nación. Así de sencillo y así de simple, como parece. Pero, ¡cuidado...! La tarea no es fácil, sobre todo en países como los nuestros en donde nos hemos habituado a hacer las cosas a como nos salgan.
Y es que un pueblo con un sentido de identidad bien definido y, por ende, con respeto y orgullo de lo que tiene, verá los inmuebles arqueológicos e históricos como elementos importantes que pueden convertirse, sin perder su función y estructura, en focos de desarrollo económico de la comunidad que exista a su alrededor. Por ejemplo, por medio del turismo se pueden crear comercios, como la venta de recuerdos, transportes especiales y garantizados, restaurantes con comidas típicas y servicios de guías especializados.
Además, esta comunidad puede apoyar la construcción de museos, de sitios con ambientes para investigación que redundaría en beneficio para todos. Se pueden proteger los bienes muebles de la nación haciendo réplicas —a la larga esto es artesanía— de los originales (para evitar la venta o saqueo de estos últimos) a todo aquel que lo desee; estas imitaciones deben tener un sello y códigos especiales que las identifiquen, que solo lo deben autorizar los organismos dedicados a la protección del patrimonio.
Esto no es nuevo, es una práctica común en otras naciones, y funciona. Para proteger nuestro patrimonio —mueble e inmueble—, se deben crear instituciones autónomas con fondos independientes, y lo menos burocráticas posibles, con gente profesional y de amplio criterio y acción.
Las legislaciones, en todos los fueros de nuestros países, deben reflejar el firme compromiso de proteger el patrimonio cultural no de forma ligera ni contradictoria, que solo favorece la desaparición de los objetos, sino también la pérdida de los datos; además, todos estos códigos deben ser claros, precisos, tipificando los delitos y con sus penas correspondientes, ya que de otra forma vamos a seguir en lo mismo. Hay que enseñar a la comunidad cómo respetar las leyes.
Hay que hacer que la gente cumpla las leyes. ¿De qué me sirve trabajar por el bien del patrimonio si hay alcaldes que hacen lo que quieren en estos aspectos? Comencemos por ahí, pues ellos —los alcaldes— son los que están más cerca de la comunidad y tienen autoridad.
Los gobiernos locales y centrales tienen que ser los primeros abanderados de las reformas que se den en beneficio del patrimonio cultural, pues ellos son los representantes de las comunidades y de la nación. Por otro lado, el gobierno, a través de sus embajadas y consulados, deben de promover y firmar convenios internacionales de protección del patrimonio cultural; estos necesariamente deben ser efectivos y coherentes, y de ser posible reconocidos, aprobados y difundidos por la UNESCO.
Con estas propuestas podremos coadyuvar a la defensa del patrimonio cultural de nuestro país y al mismo tiempo difundirlo, y, sobre todo, forjar identidades históricas nacionales como medios de unión y no de rencillas polarizantes que, a la larga, en vez de unir a nuestra nación la desunen con absurdos patrioterismos.
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