Escrito por Enrique Borgo Bustamante. 09 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
El 24 de marzo pasado presenté recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, del art. 45 de la Ley AFI y de los art. 2 y 6 de la Ley General del Presupuesto de la Administración Pública para el ejercicio 2010; la noticia apareció publicada en los medios de comunicación el 25 de marzo, lo cual motivó que algunas personas me hayan felicitado y muchas otras me hayan criticado y algunas hasta insultado, supongo porque unos y otros lo consideran un ataque al gobierno y no lo que es, la defensa del estado de derecho en sus disposiciones fundamentales, la Constitución.
En diciembre pasado la prensa nacional señaló la existencia de tales disposiciones en el presupuesto de 2009, votado en diciembre de 2008; disposiciones que aparecieron por primera vez en el presupuesto de 2004 (aprobado en junio de ese año) y contra las que interpusieron demanda de inconstitucionalidad los señores Schafik Hándal, el actual vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y don Manuel Orlando Quinteros Aguilar, la cual fue desechada por la Sala de lo Constitucional en octubre del mismo año.
Las disposiciones en cuestión permiten hacer transferencias entre distintos ramos de la administración pública por simple acuerdo del Ministerio de Hacienda, con desconocimiento de la Asamblea Legislativa y sin publicidad en el Diario Oficial, transferencias que facilitan el uso correcto, así como el incorrecto, de los fondos públicos, en casos de ahorro o ingresos imprevistos.
Es interesante señalar que el 26 de marzo se informó en el mismo periódico de carta enviada por el diputado Roberto Lorenzana, en nombre del FMLN, a The Wall Street Journal, señalando que el FMLN combatirá la corrupción y que su partido apoya la investigación de cualquier acto de corrupción cometido en el pasado. En el mismo artículo se indica la aparente contradicción del FMLN con lo expuesto por el presidente de la República en Sesori, en donde condenó las prácticas corruptas, señalando correctamente que no es a él a quien corresponde perseguir a los corruptos; y por aclaración del secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, se indicó que el mandatario está cumpliendo con el establecimiento sistemático para tapar los portillos de la corrupción.
No obstante lo anterior, simpatizantes del gobierno me han cuestionado por qué quiero privar a este de las facilidades financieras de que gozaron otras administraciones anteriores, sin comprender que ante el arca abierta hasta el justo peca y que se deben cerrar los portillos de la corrupción como dice el señor presidente.
El 5 de abril tuve la oportunidad de escuchar en la TV al doctor Alex Segovia, quien al señalar la necesidad de celebrar un pacto fiscal a escala nacional, destacó la importancia de la transparencia en el gasto público, como un elemento integrante del pacto, de manera que no solo se programarán las actividades y presupuestarán los costos de la administración pública, sino que existirá una ventana para el contribuyente a fin de que se controlen los gastos del gobierno.
Todo lo anterior me ha estimulado a escribir el presente artículo, pues parece que todos están a favor de mi posición, incluyendo el presidente de la República, el FMLN y otros partidos políticos (no solo de la oposición), pero para que el gobierno fortalezca su credibilidad me permito sugerir al Órgano Ejecutivo que la Asamblea Legislativa, por iniciativa del señor presidente de la República derogue el art. 45 de la Ley AFI y por iniciativa del Consejo de Ministros derogue los art. 2 y 6 de la Ley del Presupuesto para 2010.
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