Es muy probable que no todos los que han cambiado de chaleco lo hayan hecho por dinero, pero el dinero no es lo único que puede hacer objetable una actuación política.
Escrito por Joaquín Samayoa.14 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
La reciente deserción del diputado Rodrigo Samayoa, de las filas de ARENA para sumarse a las de GANA, ha puesto nuevamente sobre el tapete una discusión de la que podría beneficiarse el electorado salvadoreño si logramos que en ella prevalezcan las neuronas sobre las células hepáticas.
Desde que ocurrió la primera ruptura postelectoral en ARENA, hace ya casi un año, los argumentos legales y políticos han quedado bastante sepultados por una avalancha de acusaciones que han provocado enemistades personales entre los adversarios y, lejos de favorecer posicionamientos racionales, han suscitado animosidad o hastío en diversos sectores de la población.
La valoración sobre el fraccionamiento de ARENA debe hacerse en tres planos relacionados pero diferentes. El primero, más notorio pero menos importante que los demás, es el de la subjetividad de los protagonistas. Dentro de ese plano están las intenciones que se declaran para justificar decisiones y acciones controversiales. En este aspecto no tengo yo problema en otorgarles el beneficio de la duda, por igual a fieles y a desertores, a sabiendas de que sería insólito que algún político reconociera alguna vez en algún rincón del planeta que su motivación principal es de pura ambición personal. Habría que recordar aquí también, en lo que concierne a los genuinos idealistas, si es que los hay, que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno.
La acusación de compra de voluntades, aunque podría estar fundamentada en hechos objetivos, apunta a la subjetividad de quienes supuestamente se habrían pasado a GANA a cambio de jugosas sumas de dinero. No es fácil comprobar la veracidad de este tipo de acusaciones porque los implicados no dejan mucho rastro del dinero entregado o recibido y porque suele ser turbio también el origen de esos fondos, pero es necesario investigarlas a fondo y esa es una tarea que no le compete a un partido político sino al Estado.
Es muy probable que no todos los que han cambiado de chaleco lo hayan hecho por dinero, pero el dinero no es lo único que puede hacer objetable una actuación política. El cambio de bandera de un diputado que fue electo por coincidencias con la ideología del partido que lo postuló es una especie de estafa, no solo a su partido, sino principalmente a los ciudadanos que votaron por él. Peor todavía si el movimiento se hace buscando protagonismo o prerrogativas y no porque el partido se haya desviado de los principios con los que se identificaba una persona cuando aceptó ser candidato.
Muy diferente es la situación de los diputados que son expulsados de su partido en el transcurso del período para el cual fueron electos. Eso fue lo que sucedió en muchos de los casos que ahora algunos pretenden equiparar con el deliberado socavamiento que GANA ha provocado en la fracción legislativa de ARENA, con la consecuencia objetiva de alterar significativamente la correlación de fuerzas que reflejaba la voluntad expresa de los votantes.
Aquí entramos ya en el plano objetivo de la actuación política que crea realidades más allá de las intenciones, aunque sean buenas, de los que abandonan su partido y hacen posibles algunas leyes que no habrían logrado suficiente respaldo si ellos hubiesen respetado la voluntad del electorado.
Entramos también al plano de la legalidad, no solo por las nuevas leyes que resultan en virtud de una correlación de fuerzas diferente, sino también porque, en el caso particular que nos ocupa, algunas de esas leyes, caigan o no en la cuenta de ello los nuevos socios del FMLN, le dan viabilidad a la estrategia de ese partido, la cual apunta precisamente a tomar poco a poco el control de todas las instituciones hasta poder trastocar los fundamentos mismos del sistema de gobierno consagrado en nuestra Constitución.
En estos planos objetivos de la política y de la legalidad debiera darse el debate público sobre los alcaldes y diputados que han pasado de ARENA a GANA. Y la primera cuestión que debe resolverse es si estos funcionarios, al asociarse a una agrupación que no es todavía un partido político, están violando el artículo 85 de la Constitución, el cual establece que los partidos políticos “son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”.
Ojo. La Constitución no dice que los partidos sean el único vehículo para acceder a cargos de elección popular; dice que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo. Más claro no canta un gallo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.