La jueza Segunda de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, emitió sentencia en contra de este periódico. Su decisión final inclinó la balanza hacia el derecho de un menor por sobre el interés social del derecho a informar, el derecho de ser informado y el derecho de recibir información. Tal como lo hemos hecho público, bajo ningún punto de vista compartimos esa conclusión de la juzgadora, una conclusión que, estoy seguro, la funcionaria tenía desde mucho antes de comenzar con el proceso.
Escrito por Gabriel Trillos. 11 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
Desde el primer documento que recibimos en este periódico firmado y sellado por la jueza Ponce Gallardo, el pasado 17 de marzo, estábamos condenados. La funcionaria nos ordena en esa primera notificación oficial que dejemos de publicar el rostro y la identidad del menor Jonathan Alexander por ser menor de edad, y de una vez nos anuncia que se investiga al responsable de tomar la decisión de publicar esa identidad, ya que ese acto de haber revelado la identidad es una infracción de la Ley Penal Juvenil. En otras palabras, simplemente quería obtener un nombre para imponer la multa y emitir una resolución absolutizando el derecho de un menor.
La funcionaria nos cita y realiza una audiencia el viernes 26 de marzo, último día hábil previo a las vacaciones de la Semana Mayor; y luego emite una sentencia de 22 páginas el primer día hábil en el retorno de este descanso prolongado del Estado. Una extensa resolución, lo cual no significa que al mismo tiempo sea una profunda resolución.
La licenciada no escuchó ninguno de nuestros argumentos. No escuchó los argumentos de los fiscales presentes en la audiencia, ni mandó a escuchar al fiscal superior dado su desacuerdo. No dio a conocer su decisión al final de la audiencia tal cual lo establece la misma ley con que ella ha condenado a este periódico, pues argumentó que el caso era complejo y debía estudiar bien el fondo de su resolución... “porque yo duermo bien con mis resoluciones...” recuerdo que nos advirtió en la cita realizada en una sala del tribunal de Menores. Al parecer, la audiencia fue un mero trámite en el camino de su preconcebida condena. Y no ha querido dar las explicaciones públicas de su decisión.
Su conclusión final fue absolutizar el derecho de un menor de 17 años y seis meses de edad, captado in fraganti en el momento en que apuñalaba a otro joven. La jueza decidió que el haber revelado la identidad en este caso es como cualquier otra violación a los derechos del niño. Nosotros le hicimos hincapié en la particularidad del caso. Le dijimos que era excepcional el que un fotoperiodista captara la imagen del momento en que una persona segaba la vida de otra. Argumentamos que la sociedad tenía derecho a ser informada no solamente del hecho, sino de la identidad del hechor, sin importar la edad, quien había cometido una flagrante y dolosa violación al derecho a la vida de otro joven. Consideramos la gravedad del delito más allá de la edad del atacante.
La sentencia de la jueza Ponce Gallardo busca asidero en la Constitución y en tratados internacionales para defender el derecho del menor implicado, pero resulta que la misma Constitución y otros tratados internacionales también defienden el derecho de la libertad de expresión y del derecho a la información, sin embargo ella se tomó la potestad de concluir y de construir una nueva calificación nominal de estos derechos, poniendo encima el derecho de este menor, que cometió un asesinato, por encima del resto de derechos, ya que, como dice su misma resolución, su misión es tutelar la garantía de los derechos del menor, no el resto de derechos. Sorprendente. A ver quién tutela la garantía del derecho a la libertad de expresión.
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