Escrito por Mauricio Silva. 12 de Abril. Tomado de El Faro.
El Gobierno ha empezado la discusión del Plan Quinquenal, y como parte de ese esfuerzo ha anunciado su intención de llevar a la Asamblea la aprobación de los préstamos internacionales y la necesidad de un pacto fiscal, ambos necesarios para su implementación. Las fuerzas tradicionales, representando sobre todo a la gran empresa privada, han empezado ya a sentar posiciones en estos temas, en defensa de sus intereses. Dados sus recursos y experiencia, lo hacen muy sutil e inteligentemente. No se oponen al Plan Quinquenal, al pacto fiscal o los préstamos internacionales, pero si los condicionan mucho, aprobando los objetivos y proyectos necesarios para el Plan, siempre que para ello no se les suban los impuestos a ellos, pasando toda responsabilidad de la ejecución del Plan a otros y cuestionando si el endeudarnos más es bueno. Quieren el pastel y comérselo también. Este artículo, además de explicar el proceso y desafíos del Plan, argumenta que a la empresa privada como al gobierno, les corresponde una gran responsabilidad en el construir de una patria mejor.
El Plan Quinquenal es un primer intento en nuestra historia reciente por presentar, de manera consensuada, una visión de mediano y largo plazo para el país, nuestros objetivos como nación, los programas y proyectos para obtenerlos, una primera priorización de los mismos, y sus costos. Ello se hizo en consulta en el Foro Económico y Social, donde se encuentran representadas las principales fuerzas de nuestro país, para empezar. Allí, por medio de la coordinación del gobierno, liderada por la Secretaria Técnica de La Presidencia, se consensaron y priorizaron, visión, objetivos y programas. Luego el Gobierno le puso precio a esas intenciones, dando como resultado, como era de esperarse, que los recursos no alcanzan para todo lo que queremos y debemos hacer; dice el Gobierno que tenemos, si contratamos los préstamos planificados, financiamiento para la mitad del Plan. Viene pues la parte más difícil de ese proceso, el identificar de donde obtenemos los otros recursos necesarios, y si no, determinar que del contenido del Plan sacrificamos
Para hacer viable el Plan partimos por señalar las diferencias importantes entre el actuar de gobiernos anteriores y el actual, pues esas diferencias se basan en principios que, como supuestos básicos del Plan, también son necesarios discutir y consensuar. Este gobierno dice, y el Plan Quinquenal lo confirma, que ante la crisis lo que no podemos hacer es reducir el gasto social. No lo podemos hacer pues los programas sociales son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la gran mayoría de la población, es una deuda de nosotros como país hacia ellos y son inversiones necesarias para quebrar el ciclo del subdesarrollo, para poder reactivar nuestra economía, para obtener paz social. Segunda diferencia, gobiernos anteriores adecuaban su quehacer al financiamiento existente, no incrementaron impuestos, este gobierno propone incrementar impuestos para financiar el Plan, cumplir con nuestros acuerdos internacionales, y sobre todo, para empezar a quebrar nuestra dependencia de fuentes externas. Si no subimos impuestos solo tenemos dos opciones: cortar nuestras aspiraciones y programas propuestos en el Plan o endeudarnos todavía más de lo propuesto, creando más inestabilidad macroeconómica y no permitiendo romper el ciclo de dependencia.
Tercera diferencia, este gobierno lleva a cabo este proceso en el cual acordamos prioridades, planes y fuentes de financiamiento, consultando, abriendo el proceso. Ello lo hace más difícil, pero más viable y democrático. Crea también mayor compromiso de parte del Gobierno y la sociedad por implementar el plan acordado. Cuarta diferencia, se presenta el Plan como una responsabilidad de todos, no solo del gobierno. Bajo el modelo económico acordado en el Plan, el gobierno juega un papel clave, pero los otros sectores, especialmente las comunidades y la empresa privada, son actores claves con papeles esenciales en el desarrollo de nuestra nación.
Lo anterior enfrenta al Gobierno del Presidente Funes con grandes desafíos, pero también con la oportunidad para hacer los cambios profundos prometidos, de marcar la diferencia. Un primer desafío es el continuar ese proceso de manera democrática, tratando de lograr el mayor consenso posible pero recordando que unanimidad en estos asuntos es imposible. Ello implica que llegará un momento en que el Ejecutivo, ojala apoyado por los otros poderes del Estado, deberá imponer decisiones. Estos procesos nacionales de consulta y planificación implican que todos debemos sacrificar algo, que nadie puede obtener todo lo que desea o imponer toda su fuerza. Para ser consecuente con su discurso, las decisiones que el Gobierno de Funes debería imponer son aquellas que tengan un respaldo mayoritario, pero que permitan servir a las mayorías desprotegidas.
Segundo desafío, que el gobierno ya empezó pero debe acelerar, el priorizar los programas y proyectos del Plan; ello se debe hacer dentro de las dos limitaciones principales: que podemos financiar y que podemos ejecutar. En esto el ser lo más realista posible es muy necesario ante lo difícil de priorizar entre tantas necesidades urgentes; para ello se debe considerar que es viable políticamente lograr y que podemos ejecutar con la capacidad institucional existente.
El tercer desafío es muy grande: cómo financiar esas primeras prioridades. Nuestra realidad e historia enseñan que en el aquí y ahora de El Salvador, si queremos hacer alguna obra e inversión, tenemos que recurrir a préstamos internacionales. Ello no es nuevo, es lo que hemos hecho desde hace décadas, fue lo que hicieron los gobiernos de Arena, por ello este gobierno recibe un endeudamiento equivalente al 42% del PIB, pero que ahora, sobre todo por la crisis financiera internacional, ese endeudamiento está subiendo. El presupuesto disponible, sin financiamiento externo, se gasta, por lo menos en un 80%, en pagar gastos corrientes. Los préstamos internacionales son una buena opción pues nos ofrecen condiciones financieras preferenciales, generalmente tasas de interés un poco, y en algunos casos bastante, por debajo del mercado, y plazos mucho mayores. Esos préstamos también vienen acompañados de asistencia técnica, que aunque incrementan la burocracia, permiten diseñar y ejecutar los programas y proyectos de manera más eficiente. Por ello, yo diría que por ahora, estos préstamos son condición necesaria pero no suficiente para el financiamiento que necesitamos. El país todavía tiene capacidad de endeudamiento, así lo exponen los parámetros internacionales y lo confirma el Fondo Monetario Internacional en su último acuerdo con el país. Aunque ambos dicen que debemos ser cautelosos en nuestro endeudamiento externo. Esperemos que los partidos políticos no partidicen su aprobación como suelen hacerlo.
El complemento necesario para la financiación del Plan es el subir impuestos. Ello es necesario y posible, su principal limitación es de tipo político. Nuestra carga tributaria por debajo del 14%, es la segunda más baja del Continente; el promedio de América Latina es el 18%, en E.U.A. y Europa, es alrededor del 30%. Qué impuestos subir es la definición que el pacto fiscal debe lograr. Esta es otra decisión que no puede darse por unanimidad, por algo los impuestos se llaman así, deben ser impuestos a la población. El lograr ese aumento en la carga tributaria es algo en lo que todos los salvadoreños debemos estar dispuestos a contribuir, pero que en nuestro país, con la concentración de la riqueza que tiene, que es también una de las más altas del Continente, es ineludible que los que más tienen y sus empresas deben llevar buena parte de ese esfuerzo. El estructurar ese financiamiento es el otro gran desafío que ahora le toca enfrentar al Gobierno, para lo cual debe lograr la aprobación en la Asamblea de los préstamos internacionales y un pacto fiscal consensado por una buena parte de los actores claves de nuestro país.
El último desafío del Plan al que hare mención es la reactivación de nuestra economía. Para lograr esa reactivación el gobierno debe poner su parte a través de la lucha contra la violencia, la estabilidad macroeconómica y las reglas del juego claras y estables, pero a la empresa privada, sobre todo a la gran empresa, le toca un papel igual de importante. Estos últimos no deben eludir su compromiso, sobretodo en esta área. Estudios recientes (La era de la productividad, BID, 2010) señalan que factor clave para que se reactive nuestra productividad es incrementar la eficiencia en nuestras empresas, sobretodo, las del sector manufacturero y de servicios. Ello se vuelve clave para nosotros ya que esos dos sectores son responsables de la gran mayoría de nuestra producción y empleo. La productividad de nuestras empresas es muy baja, lo que les vuelve muy difícil competir en el mercado, la tarea de volverlas más eficientes le corresponde al sector privado, con el apoyo del gobierno.
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