El Ministerio de Justicia y Seguridad ha propuesto al presidente Funes reformas legales para prohibir la portación de armas
10 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy .
E l Ministerio de Justicia y Seguridad afina un anteproyecto de ley que busca eliminar la portación de armas a nivel nacional, pero que en el fondo podría llevar a un desarme general, confirmaron fuentes oficiales y críticos del proyecto.
Los únicos que podrían portar armas serían los policías, soldados, policías municipales y vigilantes privados autorizados, frente a una delincuencia que no requiere de permisos para tener incluso hasta armas de guerra.
El viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, declaró ayer, en una entrevista televisiva, que el documento ya está en manos del Presidente de la República, Mauricio Funes, y será él quien decida si lo somete a discusión de la Asamblea Legislativa o si lo hace ley a través de un Decreto Ejecutivo.
Una veda de armas permanente y a nivel nacional como ésta dejaría en desventaja a la población que ha obtenido y registrado su arma a través de mecanismos legales, en afán de defenderse de criminales, han dicho en repetidas ocasiones los críticos ante esta clase de proyectos.
Esta sería el sexto intento de desarme, después que en 2006 lo propuso para los 20 municipios más afectados por la criminalidad la controversial Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social (ver nota aparte).
Campos, sin embargo, dijo que el objetivo de esta reforma legal es reducir los factores de riesgo de una persona que porta un arma legal y no el desarme de la población. "No es la intención desarmar a la población. La tenencia siempre se permitiría", dijo el funcionario.
Pero la prohibición para la portación en sitios públicos ya está contemplada en el artículo 62 de la Ley de Control y Regulación de armas de fuego y explosivos.
Este apartado dice literalmente que "se prohíbe la portación de armas de fuego, en instituciones públicas, centros sociales, culturales y educativos, restaurantes, hoteles, pensiones, bares, barras show, expendios de bebidas alcohólicas, cervecerías, billares, plazas, gasolineras, parques de esparcimiento o diversión y áreas naturales protegidas, así como cuando participare durante la realización de espectáculos públicos, desfiles, manifestaciones o protestas públicas, reuniones cívicas, religiosas y deportivas".
"La ley actual sólo se refiere a lugares cerrados y el objetivo es hacerlo general", dijo el funcionario al justificar el proyecto.
Además de eso, desde diciembre de 2006 se hizo una reforma a ese mismo artículo para agregar una disposición con la que el presidente de la República puede decretar veda de armas en ciertos municipios y por determinado tiempo en zonas con altos índices delincuenciales, presencia de grupos delincuenciales o en fechas de gran afluencia de personas por fiestas o eventos especiales.
El diputado pecenista Antonio Almendáriz, declaró ayer, en respuesta a Campos, que las reformas propuestas no tienen ninguna novedad y que aquí el principal problema es de operatividad pues la ley está vigente, pero no se aplica.
El diputado de ARENA, César Reyes Dheming, también cree que "al ciudadano no se le puede prohibir la posibilidad de asegurar la tranquilidad de su familia".
A juicio de los críticos, lo que nadie dice es que la mayoría de armas utilizadas en crímenes son las ilegales.
El dueño de la empresa de armas El Lancero, Miguel Pocasangre, y el diputado Almendáriz comparten esta opinión. "Todo ciudadano, de acuerdo con la Constitución, tiene derecho a hacerse cargo de su propia seguridad cuando el Estado no pueda garantizársela", alegó Almendáriz. También coinciden en que, de limitar el acceso a las armas a policías, militares y empresas de seguridad privada, mucha gente quedaría indefensa al no poder costearse esta última.
Todo lo contrario opina el encargado del programa de control de armas de la ONG brasileña "Viva Río" y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio Rangel Bandeira. Él dice que es un mito pensar que el arma es una buena herramienta para la autodefensa. Expone que, en caso de que alguien sea asaltado, el delincuente cuenta como ventaja con el factor sorpresa y, si trata de defenderse con ella, aumenta el riesgo de que el asaltante acabe con su vida
Durante una entrevista matutina de ayer, el funcionario presentó un estudio que atribuyó a la Policía Nacional Civil, según el cual el 33.8 por ciento de las personas que intentaron defenderse con su arma de fuego en un asalto o ataque de delincuentes, resultaron heridas y el 19.5 de éstas fueron asesinadas, incluso con su misma arma.
Sostuvo que de los 13 homicidios en promedio que se registran a diario en el país, diez son cometidos con un arma de fuego.
Campos dijo, además, que un buen porcentaje de armas son robadas o hurtadas por delincuentes cuando sus propietarios las dejan guardadas en el vehículo o las portan en un lugar público. "Las personas dejan las armas en sus vehículos y cuando regresan, les han robado el arma que estaba registrada. Ahí ya se vuelve ilegal", sostuvo.
El Viceministro se justifica diciendo que esta no es una idea que ha surgido de la noche a la mañana, sino más bien, ha sido una medida que ha venido proponiéndose a lo largo de los años sin que se haya logrado un consenso para aplicarla. "Esto lo han sugerido distintas instituciones del país", aseguró el funcionario.
Otros de los puntos que contempla el proyecto es regulación en la entrega de licencias, la importación de armas y un mayor control en los "puntos ciegos" fronterizos para impedir el contrabando.
Según Campos, el proyecto ya fue presentado a los alcaldes del área metropolitana, la mayoría del partido oficial FMLN, y todos están de acuerdo con ella.
La alcaldía de Santa Tecla dice que tiene una veda de manera permanente desde 2006 y que si en 2005, antes de que entrase en vigor la ordenanza, hubo 86 homicidios, en 2008 hubo 35 y en 2009, 37.
De este modo, aseguran, el municipio gobernado en manos del partido FMLN pasó de encontrarse en 2005 en la posición número 8 en la lista de los municipios más violentos del país, a ubicarse en la posición 37. Actualmente es la quinta cabecera que goza de mayor seguridad, según datos de Medicina Legal.
En Colón están a la espera de que se apruebe la sexta veda de armas, pese a que las autoridades reconocen que hay un repunte de la violencia en el municipio y a que los resultados de las anteriores vedas no fueron sustanciosos.
Las autoridades reconocen que en enero de 2009 hubo 22 homicidios y en el mismo mes de 2010 ha habido 15, pero la cantidad sigue siendo grande.
Élmer Carballo, miembro del concejo de Colón, afirma que quieren trabajar más allá de la veda de armas en una propuesta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para una campaña para que los ciudadanos vendan sus armas.
En Sonsonate, su alcalde, Roberto Aquino, explicó que la veda supone una herramienta que permite a la policía decomisar armas en zonas públicas, sobre todo en los que el municipio recibe una alta concentración de turistas, como en Semana Santa y durante las fiestas patronales.
No obstante, este es uno de los municipios que, a pesar de la veda, no ha logrado salir de los primeros lugares entre los sitios más peligrosos del país.
Sin embargo, nadie habla de planes para desarmar a los delincuentes, a las maras y al crimen organizado.
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