Escrito por Luis Mario Rodríguez R.21 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy.
El Consejo Económico y Social debió ser la primera gran conquista del gobierno de la República en materia de institucionalización del diálogo social. Sin embargo se ha convertido en una instancia que está siendo utilizada para legitimar las pretensiones y planes que se deciden en Casa Presidencial. No se ha aprovechado la presencia de los distintos sectores de la sociedad civil; se desprecia la capacidad del sector académico, y los trabajadores, movimiento social y el sector empresarial, han reclamado la falta de resultados concretos y discusiones de fondo de los temas que agobian a la sociedad salvadoreña.
El CES nació viciado: se creó apresuradamente para que fuera uno de los logros de los primeros cien días; la coordinación de la entidad por parte del gobierno, atrofia e impide discusiones libres y sin ataduras producto de la visión que la sociedad civil tiene del rumbo que lleva la Nación; la agenda básicamente la propone el gobierno a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia y en las sesiones del Consejo Pleno, en la que participan todos los sectores, se invierten horas en presentaciones que impiden un intercambio serio entre los participantes sobre la temática económica y social.
Los Acuerdos de Paz fueron el escenario para la gran reforma política. Sin embargo en materia económica y social, las fuerzas sociales no lograron encontrar las coincidencias en aquellos aspectos básicos que sentaran los fundamentos sólidos para el desarrollo del país. Las versiones sobre los motivos del fracaso del Foro de Concertación Económica y Social son variadas; lo realmente cierto es que la negociación en este aspecto no logró trascender a su institucionalización y por tanto se perdió una oportunidad que dieciocho años después el nuevo gobierno de izquierda ha intentado retomar con la creación del Consejo Económico y Social.
Lamentablemente, esta iniciativa, loable desde todo punto de vista, está siendo utilizada políticamente, y sus defectos de origen, de no corregirse en el corto plazo, auguran un fracaso absoluto de una de las instancias que pudo marcar historia en este primer gobierno de transición. El gobierno debió quedarse fuera; la Secretaría Técnica, sin perjuicio del apoyo bien intencionado de Naciones Unidas, tendría que pasar gradualmente a un grupo técnico especializado de economistas, abogados y politólogos salvadoreños; el sector académico debió desde un inicio contar no sólo con voz sino también con voto, y el gobierno debió otorgar el suficiente presupuesto para que el foro contase con independencia financiera y los recursos necesarios para la elaboración de los estudios en las distintas materias de su competencia.
Lo que sucede en estos momentos, según sus integrantes, es todo lo contrario: no existe una agenda seria; sus integrantes van al ritmo del gobierno, cuando debería ser éste quien escuchara las propuestas no vinculantes y actuara según lo recomendado; se anuncia el plan quinquenal desde hace seis meses y aún su presentación es un misterio; se dice que el pacto fiscal será discutido al interior del CES, y los sectores, por lo menos la mayoría de ellos, no tiene conocimiento técnico de lo que representa una negociación en materia tributaria, ni tienen la obligación de conocer de un área tan especializada. No hay capacitaciones para los sectores laborales y el movimiento social, ni una sede decente que pueda albergar a una instancia que en otros países es un claro referente de las necesidades que la sociedad civil demanda de sus autoridades. La fragilidad legal en la que está cimentada el Consejo es otra de sus debilidades, pues un Decreto Ejecutivo puede ser manipulado por la Presidencia de la República según convenga a sus intereses políticos y la visión del gobierno de turno; lo contrario sucedería, aunque no con menor riesgo por la forma en que se están comportando los partidos políticos, si el CES contara con su propia ley orgánica.
Cuando visitamos el CES español, no dejó de sorprendernos muchos de los aspectos que sustentan sus operaciones: el gobierno está fuera del Consejo y profesa un enorme respeto por sus integrantes y las recomendaciones que le presentan; las instalaciones y el presupuesto permiten que la Institución opere con autonomía financiera y cuente con un equipo técnico de primer orden, y el ambiente entre los sectores representados es de fraternidad sin dejar de ser un foro donde las diferencias afloran, pero con un objetivo común, que finalmente desemboca en una sola visión para un solo propósito: el bien común. Su presidente nos dijo en ese entonces, que en el CES no se tomaban acuerdos, sino que se generaba confianza entre los integrantes, quienes por años habían estado distanciados, pero encontrarse cada quinces días en las sesiones plenarias y en las comisiones de trabajo, les había permitido romper esquemas y destruir tabúes con los que trabajadores, empresarios, consumidores, intelectuales y académicos habían vivido durante muchos años.
Una instancia como el Consejo Económico y Social no puede verse como un mero trámite o el cumplimiento de una promesa de campaña. Si realmente el gobierno quiere construir consensos y generar un diálogo constructivo orientado hacia la unidad nacional, debe tomar en serio el primer esfuerzo de diálogo económico y social después de los Acuerdos de Paz, rectificando, ahora que aún es tiempo, empoderando a los actores que integran el Consejo, dotándolos de la suficiente independencia, tomando como primera providencia para corregir los defectos, la decisión de encomendar la presidencia a un civil, y retirándose dignamente para que los ciudadanos puedan discutir sin ataduras y con una visión que no esté influenciada por los funcionarios de Casa Presidencial.
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