Escrito por Carlos Ponce.21 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy.
Las autoridades de seguridad pública revelaron recientemente estadísticas sobre decomisos de armas de fuego y explosivos, ejecutados durante los primeros 105 días del año, coincidentemente después del anuncio hecho por el Viceministro de Justicia y Seguridad sobre la formulación de un proyecto de reforma de ley, que pretende limitar la portación de armas de fuego a policías y agentes de seguridad privada. En la columna de la semana pasada expuse algunos de los muchos argumentos que sugieren la inefectividad que dicha medida conllevaría en términos de reducción en la incidencia de homicidios, rebatiendo brevemente los postulados en los que fundamenta su iniciativa el funcionario antes mencionado.
En esa publicación señalé la "comodidad operativa" que implica la modificación a la normativa vigente, ya que no se enfoca en la dinámica detrás del actuar pandillero (responsable del mayor número de hechos violentos) y va en detrimento de los derechos ciudadanos. Adicionalmente, denoté la innegable existencia de los mercados negros de armas y la necesidad de que las unidades de inteligencia e investigación policial orienten sus esfuerzos a desbaratarlos. Las estadísticas expuestas por los jefes de policía y notas periodísticas publicadas la semana pasada, refuerzan aún más los puntos argumentados.
Según los datos plasmados en los periódicos, la cantidad de armas de fuego decomisadas en el período antes mencionado asciende a 1,498, alcanzando un incremento del 30%. Sin embargo, según estadísticas publicadas por este periódico, el número de homicidios continúa en incremento con 22 hechos más hasta el 12 de abril. La relación entre decomisos y homicidios, por lo tanto no es inversa, contrario a lo que sugieren los que apoyan el desarme de la población.
Las notas periodísticas en donde se hace alusión a los decomisos, no mencionan cifras de operativos policíacos específicamente orientados a desbaratar estructuras dedicadas a la comercialización ilegal de armas o en contra de miembros de agrupaciones criminales, responsables de reguardar el arsenal de su organización. Consecuentemente, es lógico inferir que las estadísticas expuestas son el resultado del trabajo policial cotidiano, mismo en el que descansaría el grueso de la operatividad policíaca al que está destinado la aplicación de las reformas legales, que pretende lograr el Ministerio de Justicia y Seguridad. Entonces, es de esperarse que de darse la aprobación de las reformas, la cantidad de homicidios se continuará incrementando a la par de la cantidad de los decomisos, ya que en ningún momento se ataca la mecánica pandillera detrás de la mayoría de agresiones violentas letales.
La desagregación de los datos oficiales revela que 1,147 (77%) de los decomisos se dio en el contexto de la comisión de hechos delictivos. Adicionalmente, 756 de las armas eran ilegales. Una simple operación matemática resuelve que el número de armas ilegales representa el 66% de la cantidad de armas decomisadas en el marco de la perpetración de crímenes. Esto sugiere que la mayor cantidad armas utilizadas en ilícitos procede de la comercialización ilegal de armas. Esta hipótesis se refuerza aún más por la elevada cantidad de explosivos industriales (141) decomisados durante el mismo período, los cuales tuvieron que llegar de alguna forma ilícita a manos de delincuentes.
El reciente caso en el que se capturó a dos miembros de pandilla que iban a Guatemala con armas de uso privativo de la Fuerza Armada, fundamenta aún más la presunción de que las pandillas tienen acceso a complejas redes internacionales de tráfico ilegal de armas. Es imperante que las autoridades dejen de perseguir objetivos políticos-ideológicos, que van en detrimento de los derechos de los ciudadanos (como por ejemplo el desarme total de la sociedad civil) y formulen planes que verdaderamente ataquen la dinámica delincuencial que aqueja al país.
elsalvador.com :.: Contradicción entre cifras y propuestas de seguridad
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