Escrito por Carlos Ponce.14 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy.
La semana recién pasada, el Viceministro de Justicia y Seguridad Pública reveló que está elaborando un anteproyecto de ley que pretende reformar la normativa que regula la portación de armas de fuego, limitándola exclusivamente a autoridades policiales y personal debidamente acreditado de agencias de seguridad privada. Aunque la ley vigente prohíbe la portación en ciertos lugares y han existido vedas de armas en zonas de alto riesgo (que han arrojado resultados desalentadores), el titular antes mencionado argumenta que es necesario ampliar la medida en todo el territorio nacional.
El análisis en el que sustenta su iniciativa constituye una visión superficial de la compleja dinámica delincuencial responsable de gran parte de violencia letal perpetrada en El Salvador. El Viceministro señala que la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego y que, por lo tanto, es necesario prohibir su portación. Además, sostiene que las probabilidades de resultar lesionado en un encuentro con delincuentes se incrementan al portar armas de fuego.
También argumenta que muchas de las armas utilizadas por delincuentes han sido hurtadas previamente cuando sus propietarios las dejan en vehículos estacionados afuera de establecimientos comerciales. Este es un enfoque que muchos expertos en la materia califican como cómodo y simplista en relación a la embrollosa mecánica detrás de la delincuencia que aqueja al país, ya que implica un mínimo esfuerzo del cuerpo policial a costa de limitar los derechos de la ciudadanía y sin mayores efectos sobre la criminalidad.
El análisis de las escenas de homicidio revela que la mayoría de personas asesinadas en El Salvador son victimizadas mientras no portan armas (no es común leer en los periódicos sobre un tiroteo entre víctimas y victimarios) y la motivación de sus agresores obedece a factores no circunstanciales, relacionados al actuar pandilleril (al que se le atribuye gran proporción de los homicidios a nivel nacional). Los victimarios, generalmente, han seleccionado con anterioridad a sus víctimas y han resuelto, planificado y organizado la comisión de su agresión.
Por lo tanto, la selección del arma que utilizada es irrelevante, ya que la decisión ha sido tomada y el agresor adopta las medidas necesarias para asegurar la consecución de su cometido. Bajo esta lógica, prohibir la portación de armas no tiene ningún efecto, ya que inevitablemente se tiene que atacar la dinámica delincuencial pandillera, detrás de la gran cantidad de homicidios para tener un efecto significativo en la incidencia de dicho ilícito.
El otro argumento del Viceministro, que las armas legalmente registradas pasan a ser comercializadas en el mercado negro y, posteriormente, utilizadas por criminales, después de ser hurtadas o robadas a sus dueños mientras las portan, también es una medida que no influenciará las cifras de homicidios. El empleo de armas de uso privativo de la Fuerza Armada, como fusiles automáticos y granadas, indica que los delincuentes tienen acceso a un sofisticado mercado negro de armas, que no se nutre exclusivamente de las armas hurtadas a ciudadanos comunes. El origen de éstas nunca ha sido establecido, por lo menos públicamente. Es necesario investigar e identificar la existencia, alcance, organización y funcionamiento de los mercados negros de armas para atacarlos efectiva y eficientemente.
Son varios los argumentos académicos y analíticos para demostrar la improcedencia del proyecto de ley anunciado por el funcionario antes mencionado y pronosticar su inefectividad. El espacio de este artículo es demasiado restringido para explicarlos todos. Sin embargo, considerando los argumentos antes expuestos, es necesario que los salvadoreños nos preguntemos: ¿la cómoda y limitada propuesta revelada por el Viceministro es en realidad parte de una estrategia política-ideológica más amplia y definida?
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