Contra Punto-Ingobernabilidad y rupturismo social en América Latina y Centroamérica

Escrito por Luis Armando González.15 de Abril. Tomado de Contra Punto.

Avanzar hacia la construcción de una alternativa radical que erradique la dominación patriarcal

SAN SALVADOR-En El Salvador se suelen poner de moda algunos temas que, como todas las modas, aparecen y desaparecen de la noche a la mañana, sin se que se pueda explicar a ciencia cierta cómo o porqué eso sucede. Uno de esos temas es el de la ingobernabilidad que, en nuestro país, los medios de comunicación gustan de poner en circulación cada vez que sus dueños, jefes de prensa o presentadores (en el caso de la televisión) perciben algo que se sale de los cauces que ellos (y ellas) consideran normales. Uno de los problemas del tratamiento mediático del tema de gobernabilidad es la ligereza y la superficialidad con la que el mismo es abordado. Estas reflexiones son una aproximación –desde las ciencias sociales— al debate sobre la ingobernabilidad, vista esta última a la luz de situaciones de “rupturismo social” sucedidas en América Latina en el marco de severas crisis económicas.

En efecto, en América Latina el rupturismo social ha sido alimentado fuertemente por situaciones de crisis económica –por ejemplo, la crisis de la deuda de los años ochenta— y se tradujo, ahí donde se dieron, en un severo cuestionamiento a los gobiernos por parte de amplios sectores sociales. Y es que como anota Andrés Benavente: en el contexto de la crisis económica, “se presentan agudos problemas sociales respecto de los cuales los gobiernos no son percibidos con capacidad para resolverlos, lo que afecta la capacidad de las instituciones. Esto da lugar a extendidas movilizaciones de protesta sin características ideológicas significativas que expresan más bien un estado de ánimo con mezcla de ira y frustración. Si los partidos políticos están afectados por una crisis de representatividad lo más probable es que se termine en una crisis de gobernabilidad”.

Distintos países latinoamericanos desembocaron, en los años noventa y principios del 2000, en situaciones de ingobernabilidad en las cuales una crisis económica jugó un papel decisivo: por ejemplo, Ecuador (1997), Paraguay (1999), Perú (2001), Argentina (2001) y Bolivia (2003). Eso sucedió como culminación de movilizaciones sociales que, teñidas de prácticas violentas, no sólo desbordaron los cauces institucionales establecidos, sino que pusieron de manifiesto la incapacidad de los gobiernos para “manejar de manera eficiente escenarios interactivos, procurando un equilibrio entre factores diversos y no pocas veces contrapuestos”.

Esta fue la experiencia latinoamericana, cuya reseña tiene por fin ofrecer un marco para evaluar la situación centroamericana en estos momentos. Y es que, en contraste con lo sucedido en el pasado reciente de algunos países latinoamericanos, para Centroamérica, en el marco de la actual crisis económica, vale más bien la primera tendencia, de las dos anotadas antes: la existencia de dinamismos socio-económicos y políticos que han diluido su impacto, y que, en consecuencia, han impedido que la misma se convierta en el catalizador de la inconformidad y el malestar que caracterizan a amplios sectores de las sociedades centroamericanas.

Quizás, en el marco de la crisis actual, es México el país en el que es más claro el papel que está jugando la crisis económica como catalizadora del malestar social y político prevaleciente. De hecho, los sindicatos mexicanos anunciaron, a mediados de octubre de este año, la realización de una huelga general en respuesta a la crisis económica. Y un mes antes, Fabiola Alanis, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) había augurado que habría fuertes movilizaciones en contra del gobierno federal. Asimismo, la dirigente del PRD comentó que era previsible que los sindicatos se manifestaran de manera organizada debido a los efectos de la crisis en el ámbito laboral y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La perredista detalló que la gente está desesperada, luego de la crisis económica que “estamos padeciendo desde hace meses. Por ello es de esperarse que haya movilizaciones en todo el país, debido a la mala actuación de la Federación”.

Sería largo explicar las razones por las cuales en México las cosas están evolucionando de esa manera. Sin duda, pesa sobremanera la fortaleza del sindicalismo mexicano; un sindicalismo que se desarrolló  al amparo del PRI y que ahora, sin muchos de los respaldos institucionales de los que gozó en el pasado, tiene que valerse de sus propios medios para ver cumplidas sus demandas. Y, en estos momentos, buena pare de esas demandas giran en torno al impacto de la crisis sobre el sector laboral mexicano.

En lo que atañe a Centroamérica, la crisis económica, como tal, no ha sido detonante de movilizaciones sociales amplias ni de rupturas socio-políticas que hayan puesto en vilo la estabilidad institucional de los países de la región. No hay constancia de que tal cosa haya sucedido en ninguno de los países centroamericanos, pese a la dureza con la que la crisis los ha golpeado. Ello no quiere decir, no obstante, que no haya habido reacciones sociales ante la crisis. Por supuesto que la ha habido, pero se ha tratado de respuestas puntuales –centradas en demandas de carácter sectorial: mantenimiento de subsidios, ayuda a quienes dejaron de percibir remesas del extranjero, creación de empleos, defensa del poder adquisitivo, llamados del sector empresarial para que los gobiernos le otorguen algún tipo de ayuda—, con poco calado en la marcha socio-política de mediano y largo plazo de los países de la región. Y ahí donde se insinuó la posibilidad de que el movimiento social centroamericano trascendiera hacia demandas de mayor incidencia socio-política, el diagnóstico que se hizo de la crisis no se tradujo en acciones concretas que presionaran a los gobiernos de manera efectiva.

Una de las primeras muestras de esto fue la “Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales”, fechada en enero 2009, la cual fue suscrita por distintas organizaciones sociales centroamericanas. Entre otras cosas, la “declaración” dice lo siguiente: “estamos ante una crisis global provocada por el capitalismo que no tiene salida dentro de este sistema. Todas las medidas adoptadas para salir de la crisis sólo buscan socializar las pérdidas para asegurar la supervivencia de un sistema basado en la privatización de sectores estratégicos de la economía, de los servicios públicos, de los recursos naturales y energéticos, la mercantilización de la vida y la explotación del trabajo y de la naturaleza, así como la transferencia de recursos de la periferia al centro y de los trabajadores y trabajadoras a la clase capitalista. Este sistema se rige por la explotación, la competencia exacerbada, la promoción del interés privado individual en detrimento del colectivo y la acumulación frenética de riqueza por un puñado de acaudalados…

Para hacer frente a esta crisis es necesario ir a la raíz de los problemas y avanzar los más rápidamente posible hacia la construcción de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista y la dominación patriarcal. Es necesario construir una sociedad basada en la satisfacción de las necesidades sociales y el respeto de los derechos de la naturaleza, así como en la participación popular en un contexto de plenas libertades políticas. Es necesario garantizar la vigencia de todos los tratados internacionales sobre los derechos civiles, políticos, sociales y culturales (individuales y colectivos), que son indivisibles.

En este camino tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como: (a) la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social; (b) reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario; (c) medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética; (d) poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras; (e) reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación; (f) (garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos; (g) y democratizar los medios de comunicación y de conocimiento”.

En Centroamérica, al menos hasta ahora, no se ha desencadenado una “amplia movilización popular” para forzar a los gobiernos del área al cumplimiento de las demandas propuestas en la declaración citada. Y algo semejante cabe decir en el caso específico de las organizaciones populares y movimientos sociales centroamericanos que se reunieron en Tegucigalpa, Honduras, en abril del 2009, en el marco de VII Ronda de negociación Unión Europea-Centroamérica. En la posición de estas organizaciones populares y movimientos sociales se puede leer, entre otras cosas, lo siguiente: “vemos como la crisis global tiene un impacto directo que sigue profundizando las condiciones de pobreza, exclusión, discriminación y marginación de nuestros pueblos, que se ha venido agravando con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y que nos ha hecho más dependientes de la economía de ese país, lo que provoca una mayor vulnerabilidad económica y pérdida de soberanía como pueblos y como región centroamericana. La crisis ha demostrado que el modelo neoliberal impuesto expresado a través de los tratados de libre comercio, ha fracasado y que se hace necesario encontrar nuevas alternativas privilegiando en opciones desde nuestras propias sociedades. Que busque más equidad, más solidaridad, justicia social y sostenibilidad ambiental”.

Y se concluye así: “por el carácter excluyente de la negociación, por ser hasta ahora un acuerdo [Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA)] que beneficia únicamente a las transnacionales y al gran capital, [como] movimiento social centroamericano demandamos la inmediata suspensión del proceso negociador y el inicio de procesos de discusión, consulta y análisis en cada país, con la participación real y vinculante por parte de las organizaciones y movimientos sociales. Llamamos a impulsar una verdadera integración centroamericana desde las necesidades e intereses de los pueblos. Llamamos a todo el movimiento social Centroamericano a redoblar la presión y movilización social para garantizar relaciones comerciales justas y solidarias que no estén basadas en la lógica del libre comercio y que se promuevan un desarrollo sostenible, equitativo y de respeto mutuo”.

Como puede verse, no se trata de un llamado a acciones relacionadas directamente con la crisis, sino con algo previo a ella. Pero lo grave no es eso, sino que ese llamado no se tradujo en presiones ni movilizaciones reales que obligaran a los gobiernos a hacerse cargo de las demandas que se plantearon en ese foro. Cabe cuestionarse por las razones de ello, es decir, por las razones que han impedido que el movimiento social centroamericano responda con energía al impacto de la crisis y convierta su presencia pública en una señal de alarma para los gobiernos y, más en general, para la institucionalidad vigente. Investigaciones de fondo sobre las dinámicas, condicionantes y situación de los movimientos sociales centroamericanos  ayudarían a dar cuenta de las mencionadas razones.

Ingobernabilidad y rupturismo social en América Latina y Centroamérica