Contra Punto-El balance correcto en la libertad de expresión

Escrito por Willian E. Marroquín. 15 de Abril. Tomado de Contra Punto.

Lo que es inadmisible es que se atribuya el derecho de tener siempre la verdad y la razón.

SAN SALVADOR-La reacción de La Prensa Gráfica (LPG) en contra de una jueza por investigar y condenar —proceso todavía en apelación— la publicación del rostro y la identidad del joven acusado de matar a un alumno del Inframen ha sido desproporcionada. LPG ha dedicado tres semanas y decenas de sus páginas a justificar que actuó correctamente y a descartar cualquier posibilidad de haberse extralimitado en su actuación. A esto hay que agregar la movilización de condenas en contra de la actuación de la jueza por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y otros organismos nacionales; así como la denuncia interpuesta por LPG ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que luego condenó al sistema de justicia salvadoreño por este caso. LPG ha recurrido a todo lo que puede para castigar a la jueza por atentar contra la libre expresión.
El periodista que tomó la secuencia de fotos del asesinato parece que no tuvo tiempo de evaluar lo que sucedía y justificó su actuación diciendo que cumplía con su labor de periodista, algo que suena aceptable. Sin embargo, el cuerpo de editores de LPG sí tuvo el tiempo suficiente para analizar qué y cómo comunicar lo sucedido, y optó por el sensacionalismo, sin importarle los efectos emocionales que esta noticia podría tener en la población ni las repercusiones legales que podría tener su publicación. Ya en la cobertura de otros delitos, como los de prostitución y robo, LPG había respetado la ley juvenil cubriendo los rostros de los implicados y, en algunos casos, usando incluso nombres ficticios en sus narraciones periodísticas, pero en esta ocasión hizo uso de su libertad de expresión.
Con la actuación de la jueza podrían ocurrir dos cosas: si se equivocó en el proceso judicial, el Estado de derecho debe actuar para corregir el error; y si está en lo correcto, entonces el Estado de derecho también debe actuar para que LPG enmiende el daño ocasionado, que en este caso implicará una multa insignificante. Pero en lugar de trasladar la discusión a conceptos de censura periodística, LPG debería haber dejado que la institucionalidad y el marco legal del país funcionaran. Su reacción ha sido de tal magnitud que de ahora en adelante quizás muy pocos jueces se atreverán a señalar fallas en las actuaciones de los medios, y mucho menos un ciudadano común y corriente. ¿Es bueno esto para la democracia del país? Definitivamente, no. Se entiende y comprende que la labor periodística es delicada y que requiere de mucha ética para mantener el balance correcto, lo que es inadmisible es que los medios de comunicación se atribuyan el derecho de tener siempre la verdad y la razón.
El proceder histórico de la prensa escrita del país no ha sido ejemplar, y eso lo sabe toda la sociedad. Por ejemplo, en los últimos eventos electorales han sacado lo peor de sus entrañas para sembrar miedo y para defender el “sistema de libertades”. Es ahora el momento de que recuperen su credibilidad, pero actuando de manera profesional y no de forma autoritaria (apelando a castigos públicos que empañan a la libertad de expresión todavía incipiente en este país).
No hay que olvidar que los medios canalizan y expresan intereses de la población (demandas sociales) para que estos sean atendidos por el sistema político. En este sentido, con la cobertura noticiosa del asesinato juvenil, LPG cumplió de cierto modo su misión de lograr que el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia social sea atendido por el Gobierno de manera urgente. De seguro, en el futuro ya vendrán premios periodísticos que legitimen la actuación de La Prensa Gráfica. Pero no hay que perder de vista que los medios también persiguen sus propios intereses, y es evidente que la libertad de expresión les preocupa quizá mucho más que la ola de asesinatos que abate al país. Un flagelo este que el Gobierno y todos los ciudadanos deben atender adecuadamente.
En definitiva, lo que realmente preocupa es que se pase de la defensa de la libertad de expresión a la manipulación, entendida esta como “intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares”  (RAE). Ojalá no se esté regresando a ese proceder que tanto daño ha hecho al país en su historia reciente.

El balance correcto en la libertad de expresión