El defensor de dos de los investigados reclama que sus clientes enfrentan arbitrariedades en el proceso administrativo; la Inspectoría General de la Policía dice que se respeta el debido proceso.
Escrito por Gregorio Morán.16 de Abril. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La buena noticia es que aquellos agentes o mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) que osen criticar a la institución (o sea, a los altos jefes) por la forma poco efectiva en que se está conduciendo, no serán enviados a un oscuro calabozo. La mala, es que se les abrirá un expediente, una investigación que, si no fuera cierta, se diría que es una tomadura de pelo.
El jefe de la Policía en Usulután, Leonel Rivera Lico, actualmente tiene un expediente por “daños a la imagen de la Policía”, abierto por la Inspectoría General (IG) de la PNC. Pero no solo se trata de aplicar mordazas.
Otro mando de la corporación, Godofredo Miranda, también enfrenta una investigación penal, pero ahora su abogado ha desenterrado cosas oscuras en ese caso, debilitando la acusación contra Miranda.
Operación Mordaza
Rivera Lico dijo algunas expresiones en una entrevista del Canal 12, que no le cayeron en gracia a la Inspectoría General (IG), porque, a juicio de sus autoridades, eso dañaba la imagen policial.
El jefe policial no dijo nada del otro mundo para entonces, nada que la gente no sepa o intuya, pero de todos modos la IG quiere poner orden en su interior ¿o mordaza, como lo sugiere el abogado Luis Mario Pérez Bennett, defensor de Rivera Lico?
“Debe haber integración de todos los mandos para bajar los índices delincuenciales”, “los mandos deben estar trabajando con las mismas política, con la misma directriz”, “hay muchas cosas que están sueltas todavía, debido a la recomposición por el cambio de mando”, así se expresó Rivera Lico al evaluar la actuación policial.
El jefe policial también se atrevió a criticar el hecho que La Campanera, bastión de la mara 18 en Soyapango, siga teniendo el mismo problema delincuencial después de tantos operativos policiales.
Eso lo dijo entre las 7 y 7:45 de la mañana en la entrevista Al Día del canal 12 de televisión del 7 de diciembre de 2009. Aproximadamente cuatro horas más tarde, el expediente estaba abierto contra Rivera Lico, quien estuvo acompañado por los comisionados Douglas García Funes y Héctor Mendoza Cordero, ex subdirector de áreas especializadas y jefe de la delegación metropolitana de la PNC, respectivamente.
“Es absurdo que la Policía esté reprimiendo (a sus miembros) por decir la verdad”, dijo Pérez Bennett.
También preguntó: ¿Por qué no investigan a otros funcionarios policiales que han dicho cosas más graves que dañan a la Policía?, preguntó el defensor.
Zaira Navas, la Inspectora General de la PNC dijo a ContraPunto: “¿Y cómo sabe (Pérez Bennett) que no se ha abierto otros expedientes? Todos los casos donde se dan estos hechos se abren, a veces de oficio y a veces por denuncia”.
La funcionaria agregó que hay más oficiales de alto rango que tienen expedientes disciplinarios abiertos por la misma razón que se le abrió a Rivera Lico. No quiso mencionar nombres ni número de indagaciones en virtud del respeto al debido proceso que asiste a los investigados.
En el caso de las declaraciones de Rivera Lico, Pérez Bennett señaló que “no hay nada más revolucionario que la verdad y que lo que ha dicho este comisionado, con mucho tacto, es que hay deficiencia reconocida por todos”.
A la PNC le llueve recio desde varios flancos porque hasta ahora la criminalidad no ha mermado. Pese a los esfuerzos del presente gobierno de Mauricio Funes de combatir la ola criminal que abate al país con la salida a la calle de efectivos miliares a efectuar labores policiales, los índices de violencia se mantienen inalterables, por entre 10 y 13 homicidios diariamente. El 2009 cerró con 4,365 asesinatos, la más alta en una década.
El abogado Pérez Bennett afirma que ha pedido a la Fiscalia que investigue al director de la PNC, Carlos Ascencio, por irregularidades en el caso de Godofredo Miranda.
Desde su punto de vista, tales expresiones no merecen una investigación ni siquiera disciplinaria, porque las percepciones que se tienen podrían incluso servir para mejorar la institución.
No obstante, la conducta que ha motivado la investigación interna, está contemplada en el numeral 27 del artículo 8 de la Ley Disciplinaria Policial, donde se establecen las faltas graves.
Dicho numeral señala textualmente que una falta grave es “realizar actos o declaraciones que afecten el desarrollo del servicio, a la imagen de la institución o que puedan adjudicar el derecho a terceros”.
Esta ley contempla 15 faltas leves, 35 faltas graves y 33 faltas muy graves que hacen un total de 83 causales o conductas que pueden ser sancionadas.
Pérez Bennett reaccionó señalando que tales disposiciones son subjetivas y que ello permite la arbitrariedad de las autoridades en turno. “Aplican el criterio de quienes tienen el poder”, reclamó el abogado.
Lo establecido en ese numeral, según el defensor de los comisionados investigados, es una contradicción que afecta la libertad de expresión de los miembros de la corporación policial.
“Dañar la imagen no es decir la verdad, dañar la imagen es ser policía y al mismo tiempo asaltante de bancos, o ser sacerdote y violar niños”, dijo Pérez Bennett.
De la ridiculez al delito
Si el caso de Rivera Lico es ridículo para su defensor, la investigación contra Godofredo Miranda ha traspasado esos límites hasta llegar a un probable delito, dice el abogado, que también defiende Miranda.
A Miranda se le indaga desde que el congresista estadounidense James P. McGovern, le pidió al presidente Mauricio Funes el 8 de junio de 2009, que investigara al comisionado por haber ocultado, presuntamente, información originada en Costa Rica que vinculaba en un caso de narcotráfico a miembros de la banda conocida en El Salvador como “Los Perrones”.
La investigación se dio a conocer 15 días después por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar.
“Es vergonzoso”, dice al respecto Pérez Bennett, que políticos estadounidenses le digan a este gobierno qué hacer y qué no hacer en este país.
Zaira Navas prefiere no hablar de los casos, solamente confirma la investigación de ambos comisionados.
“No puedo pronunciarme por dos razones: primero, la investigación no la hace la Inspectoría aunque ésta la abra y, segundo, por la garantía al debido proceso de los indagados”, dijo a ContraPunto.
La investigación es realizada por un “instructor” y “un secretario de actuaciones” con el mismo rango que el investigado, quienes son nombrados por la Inspectoría misma.
Lo que sí aseveró Navas es que en el caso del comisionado Miranda, existen cuatro investigaciones, por una falta muy grave, por uso inadecuado de los recursos de la institución y por incumplimiento de deberes.
En marzo pasado, las autoridades de la Inspectoría de la PNC anunciaron que a partir de ese mes y durante los próximos tres meses se realiza una depuración del personal policial de la División Antinarcóticos de la PNC.
Para entonces el comisionado Miranda ya era investigado por la corporación por algunos hechos irregulares, según la Inspectoría.
Uno de esos hechos es el presunto ocultamiento de parte de Miranda de un expediente abierto contra Félix Carballo (un ciudadano nicaragüense a quien se lo detuvo en Costa Rica en 2003) en el cual se vinculaba a la banda “Los Perrones” con un trasiego de drogas en aquel país. Los Perrones, encabezados en El Salvador por Reynerio de Jesús Flores Lazo, son investigados penalmente en nuestro país.
Carballo manejaba un furgón, aparentemente propiedad de “Los Perrones”, en el que transportaba cocaína, cuando intentaba salir de Costa Rica hacia el norte. Carballo fue procesado y condenado a 10 años de prisión por narcotráfico.
En el expediente abierto a Miranda, se dice que al jefe policial le fue entregada una copia del expediente penal contra Félix Carballo, por parte del jefe antinarcóticos de Costa Rica Alan Solano, pero éste último desmintió tal aseveración.
Lo hizo en una declaración rendida el 28 de agosto de 2009 ante la Cónsul de El Salvador en Costa Rica, Blanca Margarita Córdova de Dehais, y ante quien dijo que es falso que a Miranda se le haya entregado dicha copia.
Por el contrario, Solano Aguilar dijo que la copia del expediente le fue entregada a dos fiscales salvadoreños: Alexander Rivas y Mariela Castro y a los oficiales de la PNC de El Salvador Santos Torres y Elmer Castaneda.
Tal declaración bastó para que Pérez Bennett pidiera a la Fiscalía General de la República que abriera una investigación penal contra los investigadores del caso Miranda y contra el mismo director de la Policía, Carlos Ascencio, porque en una hoja membretada del director aparece la afirmación de que Solano le habría confirmado a la Policía, mediante llamada telefónica, la recepción del expediente.
Pero el defensor no solo denunció la presunta falsedad, también dijo que hay arbitrariedades como no informarle a Miranda cuándo, cómo y porqué ocultó la información que se supone le entregaron en Costa Rica, también lo están juzgado con una normativa que no estaba vigente al momento de los hechos que le imputan.
En 2005, cuando se conoció el caso Carballo en Costa Rica, estaba vigente el Reglamento Disciplinario Policial y a Miranda se le está aplicando la Ley Disciplinaria Policial, señaló.
Respecto de la denuncia ante la Fiscalía, ContraPunto consultó con la institución a fin de conocer el estado de la solicitud de Pérez Bennett, pero hasta la fecha los voceros de la institución no han respondido a la solicitud de este periódico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.